Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero, proponen que intervenga un mediador para facilitar un acercamiento con el Ministerio de Justicia. Desde la Administración que encabeza la ministra Pilar Llop se mantienen cerrados para seguir negociando. Llop, de hecho, pidió a los letrados la semana pasada nuevas propuestas si persiguen llegar a un acuerdo porque las que plantean son inviables. Los letrados, por su parte, buscan que se cumpla el pacto alcanzado con el Ministerio en abril del año pasado.
La última (y cuarta) reunión entre el comité de huelga y Justicia para intentar llegar a un acuerdo con el que poner fin a los paros fue el pasado 28 de febrero. Desde entonces, el Ministerio no ha movido ficha para plantear otra nueva fecha a pesar de la petición, no solo de los letrados, sino de otros actores del sector, como la Abogacía española, que remitió ayer un comunicado pidiendo una solución "inmediata" del conflicto, que ya dura ocho semanas, y "avanzar en la cultura del acuerdo".
Los letrados, no obstante, señalaron este miércoles a través de un comunicado que si el Ministerio de Justicia no quiere convocarlos a la negociación "es imposible que el conflicto pueda resolverse". "Una vez más, lamentamos los indeseables perjuicios que para los ciudadanos y los profesionales está causando esta huelga legítima por la actitud inflexible e incomprensible del gobierno de España, que parece dispuesto a alargar el conflicto, aunque con ello se lleve por delante el servicio público", dice.
Según los últimos datos aportados por las tres asociaciones de LAJ convocantes de la huelga, de 13 de marzo, los juicios y vistas suspendidos ya alcanzan los 311.500; hay 371.500 demandas pendientes de reparto y son ya 10.100 millones de euros los paralizados en los juzgados, pendientes de entrega.
