Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero, afrontan este jueves la primera reunión con el Ministerio de Justicia para intentar acercar posiciones para poner fin a los paros, aunque las impresiones es que se está muy lejos de llegar a un acuerdo.
Los letrados reclaman a la Administración adecuar sus condiciones salariales conforme al aumento de trabajo que soportan desde 2010 y piden cobrar el 85% del sueldo de un juez, según informan fuentes cercanas a los convocantes de la huelga a este diario. En España, el salario base de un juez de primera instancia recién incorporado a la carrera es de 20.800 euros brutos de base, más dos pagas extras, a lo que hay que sumarle otros complementos como trienios o destino. De hecho, trabajar en las ciudades españolas más grandes puede suponer un complemento de entre 2.000 y 2.500 euros mensuales.
Los letrados señalan que en 2010, y a consecuencia de aplicar el Pacto de Estado de la Justicia de 2001, vieron incrementadas sus funciones en torno a un 70%, puesto que desde entonces asumen funciones heredadas de los jueces como la admisión de demandas, señalamientos de juicios, la decisión de un procedimiento monitorio o la ejecución forzosa de las resoluciones penales. Según explican los convocantes de los paros, en 2010 decidieron no reclamar una adecuación salarial por la crisis económica de entonces, pero en 2015 comenzaron unas negociaciones con el Gobierno, sin llegar a buen fin, y en 2018 convocaron las primeras huelgas. Con el actual Gobierno de Pedro Sánchez, los letrados lamentan que el exministro de Justicia (ahora magistrado del Constitucional), Juan Carlos Campo negociara con los sindicatos y no con ellos un alza del salario de 195 euros al mes. Para los LAJ esto supone elevar un 5% el sueldo frente al incremento de la carga laboral de un 70%.
No obstante, los letrados judiciales llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Justicia el pasado mes de abril que es lo que reclaman que se cumpla. Este acuerdo vinculaba la retribución con el incremento de trabajo y suprimía dos de los cinco grupos de población, concretamente el 4 y el 5, en el que los juzgados están distribuidos. El grupo 1 supone las grandes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza; el 2, otras grandes como Málaga, Granada, Bilbao o Murcia, entre ellas; el 3, ciudades de tamaño como Burgos, Salamanca o Santiago de Compostela; el 4, urbes más pequeñas; y el 5, pueblos.
La huelga indefinida de los letrados, con un seguimiento superior al 70%, ya ha cancelado más de 140.000 juicios y vistas en toda España y mantiene congelados en los tribunales más de 500 millones de euros consignados pendientes de entregar.
