La huelga indefinida convocada por las diferentes asociaciones de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) por la necesidad de pactar una mejora en las adecuaciones salariales ha cumplido dos semanas desde su puesta en marcha el pasado 24 de enero. Desde su arranque, son muchas las consecuencias que ha provocado en el sector jurídico, desde los abogados hasta el Ministerio de Justicia, pero sin duda, los más dañados ante esta situación son los ciudadanos en víspera de celebrar un juicio.
La congelación de juicios en juzgados y tribunales es un hecho. Hasta ahora, se ha suspendido una totalidad de 100.000 juicios en toda España, 12.000 solo en Madrid y todavía sigue en aumento. La incertidumbre de saber si se va a celebrar o no un procedimiento judicial ahondan la mente de la ciudadanía, causándole un perjuicio no solo a nivel moral sino también a nivel económico.
Suspender los actos judiciales ya supone en sí mismo un daño severo al funcionamiento de la Justicia, pero obligar a los profesionales y a los clientes a malgastar miles de horas en acudir a señalamientos cuando no saben realmente si el juicio va a celebrarse con anticipación supone un injusto castigo adicional a quienes tenían un procedimiento señalado desde antes del comienzo de la huelga.
"Las personas en víspera de procedimiento judicial tienen que tomar un vuelo para ir a un juicio y cuando llega el momento del acto, les notifican que el juicio se ha suspendido con motivo de la huelga causando un malestar a los afectados", afirman fuentes consultadas por elEconomista.
El Consejo General de la Abogacía Española manifestó ayer en un comunicado su descontento ante este escenario, quienes advierten de la gravedad y el perjuicio que supone la parálisis judicial, "la hora te la dicen en el momento en el que se va a celebrar el juicio, ante esta situación se está generando un perjuicio y un malestar público, cada día empeora más, no tienen que hacer más daño del necesario", apunta la Abogacía.
Según las fuentes consultadas por este periódico, la suspensión de juicios afecta a los abogados que tienen que dedicar más tiempo al asunto determinado y también a los propios clientes que les repercute económicamente cuando el proceso perdura.
"La huelga de los LAJ está impactando notablemente en el día a día de las prácticas de litigios de los despachos de abogados. Desde las últimas reformas legislativas, las competencias de los LAJ se han incrementado significativamente. Ya no hablamos sólo de la suspensión de vistas, sino también y sobre todo de las gestiones diarias de impulso de los procedimientos. Esto afecta fundamentalmente a procesos como las ejecuciones, en las que los LAJ tienen un papel fundamental. a lo que añaden que "cuanto más se alargue un proceso, son horas que ejerce el abogado que debe remunerar".
La huelga es un derecho óptimo y de libre ejercicio para todos los trabajadores pero en ningún caso deben pisar otros derechos como el de acceso a la justicia o el derecho a la justicia. Desde distintas entidades como el Consejo General de la Abogacía o el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), han lanzado un comunicado instando a las asociaciones manifestantes que comuniquen con antelación la suspensión del juicio y abogan para que, en caso de suspensión, no ocasionen una "incidencia eventual" en los implicados.
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