Jefa de Normas y Tributos

El Tribunal Supremo ha casado doctrina e impide a las entidades del sector público estatal contratar personal con la categoría de fijo. En una sentencia fechada a 11 de enero, el ponente y magistrado Sempere Navarro determina que estas empresas pueden emplear a trabajadores bajo la categoría de indefinido no fijo, pero no como fijos. El fallo explica que aunque este tipo de empresas no son ni una Administración pública ni una entidad de derecho público, en el ámbito de la contratación sí se rigen por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y, por tanto, le son aplicables los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

El gravamen a la banca y a las energéticas aprobado a final de año por el Ejecutivo tambalea su continuidad por un error en su concepción. La Ley 38/2022, de 27 de diciembre, que establece esta tasa no recoge la obligación de autoliquidación dentro de la propia normativa que, posteriormente, publicó el Ministerio de Hacienda el pasado 3 de febrero mediante una orden ministerial. Sin embargo, según los expertos consultados, la Ley que estipula esta tasa apunta en su propio texto que se rige por lo dispuesto en la Ley General Tributaria, y esta normativa señala de forma clara en el apartado 'h' de su artículo 8 que "se regulará en todo caso por ley" "la obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones referidas al cumplimiento de la obligación tributaria principal y la de pagos a cuenta".

La Audiencia Nacional ha rechazado la suspensión cautelar de la Orden Ministerial que impone la obligación de liquidación del gravamen a banca y energéticas y los modelos para hacerlo, tal y como solicitó Repsol. La Orden Ministerial, publicada este 4 de febrero, obligaba a bancos y compañías de energía a abonar el 50% de la tasa de forma anticipada en los primeros 20 días naturales de febrero y el restante 50% en los primeros 20 días naturales de septiembre.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima que desde el inicio de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) se han paralizado pagos judiciales por un volumen cercano a los 1.286 millones de euros en toda España, casi el doble de lo que estiman los propios convocantes de los paros.

La reunión de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero, y el Ministerio de Justicia terminó sin acuerdo tras 16 horas de encuentro. Las tres asociaciones de letrados convocantes de los paros han señalado que por parte del Secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y el equipo del Ministerio "no se ha realizado oferta concreta a los miembros del Comité de Huelga más allá de estudiar los grupos de población, limitándose a solicitar reiteradamente la desconvocatoria inmediata sin compromiso concreto alguno".

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves definitivamente la ley que protege a las personas que denuncien actuaciones corruptas en el seno de empresas y administraciones públicas.

El Abogado General de la UE emite unas conclusiones sobre la elección de jueces de tribunales inferiores por parte del Consejo Superior de la Magistratura de Rumanía (CSM), órgano similar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España, que llega en un polémico momento en nuestro país tras quitar el Gobierno en 2021 las competencias del CGPJ a nombrar jueces mientras esté en funciones y con Bruselas pidiendo a España que desbloquee la renovación del CGPJ y que reduzca la influencia política sobre el poder judicial.

El Abogado General de la UE abre la puerta a que los consumidores afectados en sus contratos hipotecarios por cláusulas abusivas, que un tribunal declare nulas, puedan reclamar a los bancos una compensación más allá de la propia devolución del dinero cobrado de más. Cabe matizar que las conclusiones de los abogados generales de la UE no son vinculantes para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tome una decisión, pero se les tiene en cuenta en una gran parte de los fallos.

La empresa que cambie de centro de trabajo a un empleado que se haya acogido a una jornada reducida, debe asumir que si el afectado tarda más en ir y volver al nuevo centro, deberá computar ese tiempo de más dentro de su jornada laboral.

Industria

El Tribunal Supremo ha rebajado de ocho a seis años de prisión la condena al expresidente de la vieja Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, al absolverle de los delitos de falsedad documental mercantil y estafa agravada al considerar que no concurre engaño causal al desplazamiento patrimonial padecido por las entidades financieras. En una sentencia fechada a 10 de febrero de 2023, el Alto Tribunal atiende así a parte de los recursos interpuestos contra el fallo de la Audiencia Nacional del 6 de octubre de 2020.