El Abogado General de la UE emite unas conclusiones sobre la elección de jueces de tribunales inferiores por parte del Consejo Superior de la Magistratura de Rumanía (CSM), órgano similar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España, que llega en un polémico momento en nuestro país tras quitar el Gobierno en 2021 las competencias del CGPJ a nombrar jueces mientras esté en funciones y con Bruselas pidiendo a España que desbloquee la renovación del CGPJ y que reduzca la influencia política sobre el poder judicial.
El Abogado de la UE analiza una demanda interpuesta por dos asociaciones de jueces de Rumanía contra el reglamento aprobado por el CSM que reformaba el procedimiento de promoción aplicable a los jueces de los órganos jurisdiccionales inferiores. Los demandantes alegaban que este sistema de promoción era conducido por los presidentes y miembros de los tribunales superiores y que asentaba criterios subjetivos y discrecionales, no siendo, por tanto, una evaluación objetiva.
Sin embargo, la conclusión del abogado general europeo es que una promoción de jueces basada en la evaluación del desempeño y conducta por parte de una comisión compuesta por el presidente y jueces del tribunal superior correspondiente es compatible con el Derecho de la Unión. Aunque matiza que aplicar criterios objetivos, pertinentes y verificables y debería obligarse a la comisión a motivar sus decisiones.
Así, el abogado señala que debe ser la justicia de Rumanía la que verifique si los criterios aplicados suscitan una duda razonable en el ánimo de los justiciables sobre la independencia de los jueces en órganos inferiores lo que a su juicio, sucede cuando los criterios aplicables son "vagos o permiten conjeturar sobre la influencia política". A su juicio, de inicio, que un órgano como el CSM elija a los jueces de tribunales inferiores no supone un riesgo real de discrecionalidad indebida que suscite dudas razonables sobre la independencia de los jueces.
