Cinco de los dieciocho vocales que integran ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han emitido un voto particular donde plantean acudir al Tribunal Supremo (TS) para reivindicar las competencias del órgano de gobierno de los jueces relativas a las medidas de refuerzo a juzgados y tribunales frente a lo que perciben como una "actitud obstruccionista" del Ministerio de Justicia, que debe dar el visto bueno presupuestario.
Los vocales José María Macías, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez, Carmen Llombart y Ángeles Carmona han firmado un voto particular para expresar su malestar por la decisión adoptada en el Pleno del jueves de rechazar la propuesta que hacían Martínez y el también vocal Enrique Lucas para aliviar la crisis de vacantes suscitada en la cúpula judicial por la imposibilidad del CGPJ de hacer nombramientos discrecionales.
Los firmantes defienden que esta propuesta alternativa a la lanzada por la Comisión Permanente (también rechazada) contenía "medidas concretas", entre ellas "exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 404 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que impone que en los presupuestos de las administraciones públicas se consignen las cantidades precisas (y no menos) para atender a las necesidades de la Administración de Justicia".
En este sentido, denuncian que "se ha convertido en una práctica cotidiana que el Ministerio de Justicia usurpe, bajo la excusa de las limitaciones presupuestarias, la competencia del CGPJ para adoptar las medidas de apoyo y refuerzo de los tribunales, cuando resulta evidente en infinidad de ocasiones que el rechazo a la adopción de las medidas acordadas por el CGPJ deriva del puro criterio de oportunidad del Ministerio de Justicia".
Los cinco vocales creen que "es necesario poner fin a esa práctica, frente a la que el diálogo en las comisiones mixtas se ha revelado inútil, y plantear los correspondientes recursos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en defensa de las competencias del CGPJ y, con ello, de la independencia de los tribunales".
Aluden a otras "medidas concretas", entre la que destaca "culminar los procedimientos de nombramientos de cargos judiciales (entre ellos, cuatro plazas en el TS) convocados antes de la entrada en vigor de la LO 4/2021", por la que se prohibió a un CGPJ en funciones, como el actual (que lleva más de cuatro años caducado), hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
