Bruselas
Enésimo aviso de la Comisión Europea a España: "El hecho de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siga pendiente desde 2018 continúa siendo una preocupación". El ejecutivo comunitario repite este mensaje en su informe anual sobre Estado de Derecho desde que lo emite, hace tres años. La petición de Bruselas es que se aborde la renovación "con máxima urgencia" y que inmediatamente después se reforme el sistema de nombramiento de los jueces en línea con los "estándares europeos" para que no menos de la mitad de los jueces sean elegidos por sus colegas de profesión.
Básicamente, la Comisión Europea recuerda que la permanente interinidad del gobierno de los jueces puede provocar que la ciudadanía perciba el CGPJ como "vulnerable a la politización". Además, el informe recuerda que son varias las voces que han pedido cambiar el sistema de elección de los jueces. "En un comunicado conjunto en septiembre de 2021, las cuatro principales asociaciones de jueves acordaron que es necesaria una reforma del sistema de nombramiento para que la mayoría sea elegida por sus colegas", destaca el informe del ejecutivo comunitario.
"Recomendamos a España proceder a la renovación del Consejo Judicial con máxima urgencia e iniciar, inmediatamente después de su renovación, el proceso para adaptar el nombramiento de los jueces que lo integran teniendo en cuenta los estándares europeos", reclama Bruselas.
La autonomía de la Fiscalía
Pero este no es el único mensaje que se repite. La autonomía de la Fiscalía española también se mantiene como una de las "preocupaciones" en la capital belga. A pesar de constatar el avance que supone el nuevo régimen disciplinario para los fiscales, la Comisión Europea recuerda que el hecho que el Fiscal General del Estado tenga un mandato vinculado al del Gobierno también puede afectar la percepción de independencia. De hecho, Bruselas destaca que la misma Fiscal General del Estado, la exministra de Justicia Dolores Delgado, ha llamado públicamente a reformar el sistema de nombramiento del fiscal para mejorar su independencia y autonomía.
Por eso, en sus recomendaciones, Bruselas pide "reforzar" el estatus de la Fiscalía para así cumplir con los estándares europeos en términos de autonomía e independencia.
Otro capítulo destacado del informe español es la lucha anticorrupción. "Aunque se han aumentado los recursos para los servicios de la Fiscalía, la investigación y persecución de los altos niveles de corrupción continúa siendo una preocupación, pues los procesos son todavía largos y complejos", remarca el informe de Bruselas. Tampoco están resueltas a ojos de la Comisión Europea las preocupaciones sobre la transparencia de la propiedad de los medios escritos y la autonomía y recursos del regulador del sector audiovisual. La carga burocrática y el tiempo de resolución de los procesos judiciales también son asignaturas pendientes para España.
De manera general, todo esto influye en el hecho que la percepción de la independencia judicial en España entre la ciudadanía sea baja. Solo un 38% de la ciudadanía y un 41% de las empresas perciben en 2022 que el nivel de independencia de los tribunales y los jueces españoles es "bastante buena o muy buena". Una ratio que no ha variado desde 2021, pero que es inferior a la media europea, pues el último Eurobarómetro sitúa España sexta por la cola de la UE en percepción de independencia judicial.
