El Tribunal Supremo ha casado doctrina e impide a las entidades del sector público estatal contratar personal con la categoría de fijo. En una sentencia fechada a 11 de enero, el ponente y magistrado Sempere Navarro determina que estas empresas pueden emplear a trabajadores bajo la categoría de indefinido no fijo, pero no como fijos. El fallo explica que aunque este tipo de empresas no son ni una Administración pública ni una entidad de derecho público, en el ámbito de la contratación sí se rigen por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y, por tanto, le son aplicables los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
"La relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público (no solo a la función pública) a fin de evitar que el personal laboral temporal contratado irregularmente por una entidad del sector público adquiera la condición de trabajador fijo en el puesto que venía desempeñando", dice la sentencia.
Y añade que para impedir este extremo, "su condición pasa a ser la de trabajador contratado por tiempo indefinido con derecho a ocupar la plaza hasta que se cubra por el procedimiento previsto o se amortice". El fallo asegura que esta finalidad debe cumplirse también en las entidades públicas cuya normativa prevé el acceso respetando los criterios de igualdad, mérito y capacidad. "Se trata de salvaguardar el derecho de los ciudadanos a poder acceder en condiciones de igualdad al empleo público", matiza el magistrado del Tribunal Supremo.
El fallo unifica así doctrina, al considerar que era errónea, y estima parcialmente un recurso de Aena contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2018 que le obligaba a incorporar como fijas a dos empleadas. Aena es una sociedad cotizada controlada en un 51% por Enaire, entidad pública empresarial española que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Las sociedades mercantiles estatales (SME) se caracterizan porque el Estado participa en más de un 50% en su capital. En España, hay otras como Correos, Cesce, Defex, Enusa o Navantia.
