El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves definitivamente la ley que protege a las personas que denuncien actuaciones corruptas en el seno de empresas y administraciones públicas.
Con la aprobación de la norma habrá sanciones de hasta un millón de euros para quienes tomen represalias contra los denunciantes de corrupción.
Esta nueva normativa, que se espera que entre en vigor este año, obligará a las compañías de más de 50 trabajadores a tener un sistema interno por el que tanto directivos como empleados puedan denunciar de forma anónima posibles infracciones o casos de corrupción dentro de la organización. La Ley española, ante el coste que esta carga pueda generar en las empresas, permite que las firmas de entre 50 y 249 trabajadores puedan compartir medios y recursos para la gestión de las informaciones que reciban, quedando siempre clara la existencia de canales propios en cada empresa.
La nueva Ley, además, va más allá de las compañías, y también obliga a la Administración Pública a instalar este buzón de denuncias e incluso, con independencia del número de empleados que tengan, tendrán que contar también con este sistema partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que dependan de ellos siempre que reciban fondos públicos para su financiación.
La normativa exige complementar los canales internos con otros externos. Para ello, se crea la nueva la figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Entre las garantías que tendrá la persona que denuncie ante esta Autoridad destaca como última novedad que se acaba de añadir a la norma que puede conocer el estado de la tramitación de su denuncia y los resultados de la investigación.
La ley supone la transposición a la legislación española de una directiva europea aprobada en 2019. Precisamente, Europa anunció este miércoles que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el retraso en transponer la directiva.
Estrategia contra la corrupción
El nuevo Proyecto de Ley contempla en una nueva disposición adicional que el Gobierno, en el plazo máximo de 18 meses a contar desde la entrada en vigor de la norma, debe aprobar una estrategia contra la corrupción que deberá incluir una evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley así como las medidas que se consideren necesarias para paliar las deficiencias que se hayan encontrado en ese periodo de tiempo.
