El Congreso vota este jueves el Proyecto de Ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción, una norma que transpone la directiva comunitaria de 2019 conocida como Whistleblowers. Esta nueva normativa, que se espera que entre en vigor en 2023, obligará a las compañías de más de 50 trabajadores a tener un sistema interno por el que tanto directivos como empleados puedan denunciar de forma anónima posibles infracciones o casos de corrupción dentro de la organización. La Ley española, ante el coste que esta carga pueda generar en las empresas, permite que las firmas de entre 50 y 249 trabajadores puedan compartir medios y recursos para la gestión de las informaciones que reciban, quedando siempre clara la existencia de canales propios en cada empresa.
La nueva Ley, además, va más allá de las compañías, y también obliga a la Administración Pública a instalar este buzón de denuncias e incluso, con independencia del número de empleados que tengan, tendrán que contar también con este sistema partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que dependan de ellos siempre que reciban fondos públicos para su financiación.
La normativa exige complementar los canales internos con otros externos, es decir, que la persona que denuncia pueda acudir a una autoridad pública para que tenga constancia del hecho y proceda a investigarlo. Para ello, el Gobierno crea la nueva la figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Entre las garantías que tendrá la persona que denuncie ante esta Autoridad destaca como última novedad que se acaba de añadir a la norma que puede conocer el estado de la tramitación de su denuncia y los resultados de la investigación.
Por otro lado, respecto a la protección que tendrá, la ley prohíbe las represalias, entendidas como suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral, pérdidas económicas, referencias negativas respecto al desempeño laboral o discriminación en cualquiera de sus tipos. Y entre las medidas de apoyo se incluyen la asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos civiles transfronterizos de conformidad con la normativa comunitaria. A última hora se ha añadido también medidas de apoyo financiero y psicológico, de forma excepcional, si así lo decidiese la Autoridad Independiente de Protección del Informante tras la valoración de las circunstancias derivadas de la presentación de la comunicación.
Últimos añadidos
El nuevo Proyecto de Ley contempla en una nueva disposición adicional que el Gobierno, en el plazo máximo de 18 meses a contar desde la entrada en vigor de la norma, debe aprobar una estrategia contra la corrupción que deberá incluir una evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley así como las medidas que se consideren necesarias para paliar las deficiencias que se hayan encontrado en ese periodo de tiempo.
Finalmente, la normativa modifica la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia al introducir la comunicación de infracciones a través del canal externo de comunicaciones de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así, cualquier persona podrá informar, también de forma anónima, a través de dicho canal de una infracción, con derecho a las mismas medidas de apoyo.
