La Sala Primera del Tribunal Constitucional, en una sentencia del 20 de febrero de la que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Campo Moreno, ha reconocido la vulneración del derecho fundamental a la libertad en relación con el derecho de defensa derivada de la negativa judicial a dar al recurrente de amparo, que se hallaba en situación de prisión provisional, la posibilidad de acceder a las actuaciones sumariales esenciales para impugnar la privación de libertad.
Las empresas que quieran participar en una licitación de la Administración en la que se maneje información clasificada deberán lograr una habilitación de seguridad por parte del Gobierno y contar con unas infraestructuras de seguridad adecuada en las que manejar los documentos reservados. El Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que tramitan las Cortes y que pretende actualizar la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales marca nuevos requisitos para todas aquellas personas físicas o jurídicas que entren a manejar este tipo de información.
El Pleno de Congreso ha aprobado este jueves (sin el apoyo del PSOE y de Unidas Podemos), buena parte de una moción del PP en la que se insta al Gobierno a buscar un acuerdo con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que incluya compensaciones económicas derivadas de la implantación del nuevo modelo de Justicia. Con esto, los parlamentarios buscan que se ponga fin a la huelga indefinida que iniciaron los letrados el pasado 24 de enero y que ya ha cancelado más de 210.000 vistas y juicios y mantiene congelados en los juzgados más de 4.000 millones de euros pendientes de entrega.
Las mujeres que se quedaran en paro a consecuencia de la pandemia no tendrán que devolver la ayuda por maternidad. El Gobierno ha aprovechado el Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión para introducir una disposición final que nada tiene que ver con la norma de la que trata.
La Audiencia Nacional ha condenado a Unicaja Banco por vulnerar la libertad sindical de la organización Cesica tras la fusión con Liberbank. En una sentencia fechada a 26 de enero de 2023, la Sala de lo Social de los Juzgados Centrales falla contra la entidad por negarse a dar información a Cesica, la tercera organización con mayor representación en el banco.
El Registro de Economistas Forenses (REFOR) señala que en el intervalo de 2019, periodo preCovid, hasta el cierre de 2022, se han cuadruplicado el número de concursos de personas físicas y autónomos, con un crecimiento del 280% (de 2.544 en 2019 a 9.669 en 2022), frente al incremento mucho menos acusado de los concursos de empresas, algo menos del 18% (de 4.055 en 2019 a 4.755 en 2022).
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha establecido en una sentencia conocida este martes que no constituyó una discriminación por razón de edad el acuerdo sobre despido colectivo alcanzado en sede judicial entre una empresa privada y los representantes de los trabajadores que pactó una menor indemnización para los afectados de edad igual o superior a 60 años, teniendo en cuenta que, con independencia de su edad, las indemnizaciones pactadas para todos los trabajadores mejoraban el mínimo legal aplicable.
Las compañías de entre 50 y 249 empleados tienen hasta el próximo 1 de diciembre de 2023 para habilitar un canal interno a través del cual los trabajadores puedan denunciar de forma anónima conductas de corrupción.
El Ejecutivo amplía el control público sobre las empresas. La Tesorería de la Seguridad Social podrá cambiar de oficio actos que considere erróneos en la afiliación, como altas, bajas o cuestiones de bonificaciones y, por tanto, sin tener que abrir un procedimiento judicial. El Gobierno introdujo en el Real Decreto-Ley 1/2023, de 10 de enero, que aprobó los incentivos a la contratación laboral modificaciones de los artículos 16, 138 y 139 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) permitiendo a la Tesorería la revisión de oficio de los datos de afiliación y por tanto la revocación de los mismos si consideran que no son conformes a las leyes.
La Audiencia Provincial de Pontevedra avala indemnizar a una mujer con 34.980 euros por las labores del hogar que realizó mientras estuvo casada. La magistrada Rodríguez González ratifica en un fallo la sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de Redondela que indemnizó a la mujer por este motivo.