El Ejecutivo amplía el control público sobre las empresas. La Tesorería de la Seguridad Social podrá cambiar de oficio actos que considere erróneos en la afiliación, como altas, bajas o cuestiones de bonificaciones y, por tanto, sin tener que abrir un procedimiento judicial. El Gobierno introdujo en el Real Decreto-Ley 1/2023, de 10 de enero, que aprobó los incentivos a la contratación laboral modificaciones de los artículos 16, 138 y 139 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) permitiendo a la Tesorería la revisión de oficio de los datos de afiliación y por tanto la revocación de los mismos si consideran que no son conformes a las leyes.
Carlos de la Torre, socio del área laboral de Gómez-Acebo & Pombo, explica que esta modificación permite, por ejemplo, que si hay una situación clara de laboralidad y ha habido altas en autónomos, la Tesorería puede modificar el encuadramiento de un trabajador pasándolo a cuenta ajena. "Estas situaciones las hace la Inspección de Trabajo, pero ahora, la Tesorería también va a poder entrar de oficio en cualquier situación de encuadramiento incorrecto que puede ocultar detrás un conflicto sobre la laboralidad", explica De la Torre.
Asimismo, señala que la entrada de la Tesorería provoca un doble impacto: de un lado, que la Inspección ya no es la única competente y de otro, que si el empresario está en desacuerdo tiene que acudir a los tribunales, pero ya no por la vía de lo Social, sino por la Contencioso-Administrativa, otro cambio en la LGSS y que tiene tiempos de resolución más largos frente a la primera. Por esta vía, la empresa tendrá dos meses para recurrir.
Por su parte, Alfredo Aspra, socio director de Labormatters Abogados añade que esta cuestión ha estado judicializada y la reforma "parece terminar con dicha discusión permitiendo que la rectificación sea posible de oficio y sin más trámites".
Menos litigiosidad
El Gobierno explica que este cambio en las competencias de la Tesorería de la Seguridad Social se hacen para lograr varios objetivos, entre ellos evitar el incremento de la litigiosidad y la carga de trabajo de los órganos judiciales de la referida jurisdicción social. Además, en la exposición de motivos del Real Decreto-Ley 1/2023, de 10 de enero, señala que también se trata de evitar el colapso y el retraso en las propuestas de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en la lucha contra el fraude y en la gestión administrativa.