El Pleno de Congreso ha aprobado este jueves (sin el apoyo del PSOE y de Unidas Podemos), buena parte de una moción del PP en la que se insta al Gobierno a buscar un acuerdo con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que incluya compensaciones económicas derivadas de la implantación del nuevo modelo de Justicia. Con esto, los parlamentarios buscan que se ponga fin a la huelga indefinida que iniciaron los letrados el pasado 24 de enero y que ya ha cancelado más de 210.000 vistas y juicios y mantiene congelados en los juzgados más de 4.000 millones de euros pendientes de entrega.
La moción del PP llega tan solo un día antes de que los representantes del Ministerio de Justicia se reúnan con el comité de huelga de los letrados. El encuentro tendrá lugar este viernes de 10:30 horas a 12:30 horas. Ni la ministra Pilar Llop, si en secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, estarán en la mesa de negociación.
En el texto aprobado por el Congreso, se insta al Ejecutivo a "la pronta resolución del conflicto laboral que mantiene con los letrados recuperando al mismo tiempo el retraso en las actuaciones procesales que ha generado dicho conflicto colectivo, y sin que ello implique un incremento de la carga de trabajo del resto de profesionales de la Justicia".
Exigencias de los letrados
Los letrados reclaman a la Administración adecuar sus condiciones salariales conforme al aumento de trabajo que soportan desde 2010 y piden cobrar el 85% del sueldo de un juez. Tras aplicar el Pacto de Estado de la Justicia de 2001, que se puso en marcha nueve años después, los letrados aseguran que vieron incrementadas sus funciones un 70%, ya que asumieron funciones heredadas de los jueces como la admisión de demandas, señalamientos de juicios, la decisión de un procedimiento monitorio o la ejecución forzosa de las resoluciones penales.
Las asociaciones convocantes de la huelga reclaman que la Administración cumpla el pacto alcanzado con el Ministerio de Justicia el pasado abril. Este acuerdo vinculaba la retribución con el incremento de trabajo y suprimía dos de los cinco grupos de población, concretamente el 4 y el 5, en el que los juzgados están distribuidos. El grupo 1 supone las grandes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza; el 2, otras grandes como Málaga, Granada, Bilbao o Murcia, entre ellas; el 3, ciudades de tamaño como Burgos, Salamanca o Santiago de Compostela; el 4, urbes más pequeñas; y el 5, pueblos.
