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El CGPJ calcula que la huelga de letrados ya ha paralizado pagos por 1.300 millones

  • Los juicios y vistas suspendidas ya superan los 150.000
Mazo de un juez sobre billetes.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima que desde el inicio de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) se han paralizado pagos judiciales por un volumen cercano a los 1.286 millones de euros en toda España, casi el doble de lo que estiman los propios convocantes de los paros.

El dato lo ha adelantado este viernes el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Madrid (ICAM) a través de un comunicado en el que reclama a los letrados que avisen con tiempo de los juicios y vistas que no se van a celebrar. Los LAJ estiman que ya se han cancelado más de 150.000 vistas y juicios. 

El ICAM, ante el anuncio de la ruptura de las negociaciones entre el Ministerio de Justicia y los letrados de la administración tras la reunión de este jueves que se prolongó durante 16 horas, "y con el máximo respeto al ejercicio del derecho fundamental de huelga", ha instado a los letrados de la administración de justicia a comunicar previamente, en todos aquellos casos que resulte posible, las previsibles suspensiones de cualquier tipo de acto procesal que no vaya a tener lugar por razón de la huelga convocada. "Hay que ser muy conscientes de que esta huelga también tiene un efecto perverso, con miles de profesionales y ciudadanos que, de conocer la previsible suspensión, hubieran evitado esos desplazamientos y esos gastos que conllevan, tan elevados en muchísimas ocasiones", señaló Eugenio Ribón, decano del ICAM.

Los letrados reclaman a la Administración adecuar sus condiciones salariales conforme al aumento de trabajo que soportan desde 2010 y piden cobrar el 85% del sueldo de un juez. Los LAJ aseguran que llegaron a un acuerdo en materia salarial con el Ministerio de Justicia en abril que quieren que se cumpla. Este acuerdo vinculaba la retribución con el incremento de trabajo (asegura que la carga es un 70% superior desde 2010) y suprimía dos de los cinco grupos de población, concretamente el 4 y el 5, en el que los juzgados están distribuidos. El grupo 1 supone las grandes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza; el 2, otras grandes como Málaga, Granada, Bilbao o Murcia, entre ellas; el 3, ciudades de tamaño como Burgos, Salamanca o Santiago de Compostela; el 4, urbes más pequeñas; y el 5, pueblos.

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