Retraso en devoluciones de vuelos cancelados

La pandemia y las medidas tomadas para reducir los contagios provocó la cancelación de muchos vuelos. Pues bien, según la normativa, las aerolíneas están obligadas a devolver el importe de los pasajes a los viajeros. Pero cuentan que algunas firmas están dando bonos o vales en vez de efectivo. Además, las asociaciones de consumidores denuncian que existen demoras excesivas. Sin duda, parte de los retrasos se entienden por el colapso de los sistemas informáticos, saturados ante la elevada demanda de devoluciones, y la falta de personal. No obstante, en distintas asociaciones de consumidores se cree que alguna aerolínea está “haciendo trampas”. Las críticas se dirigen directamente a Ryanair. Por lo que cuentan, la firma dirigida por Michael O’Leary esconde “deliberadamente” en sus plataformas digitales la opción de devolución del importe del billete y dirigen a los consumidores hacia la opción del bono, mucho más ventajosa para la compañía. “Los clientes no saben que si no hacen uso del bono durante doce meses pueden volver a reclamar el importe del vuelo, por lo que al final la compañía sale ganando, al no tener que abonar las cancelaciones”, dicen desde una organización de consumidores. Las mismas fuentes indican que no es la primera vez que Ryanair es objeto de críticas ante su política de devoluciones. “Normalmente, encabeza los rankings de reclamaciones”, añaden.

La Guardia Civil, molesta con Grande-Marlaska

Esta semana el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska anunció que había encargado un estudio para determinar las causas por las que existe el triple de contagiados por Covid-19 en la Guardia Civil que en la Policía Nacional (1.483 frente a 751). Durante la comparecencia el ministro dijo que la convivencia en pabellones (casas cuartel) puede ser la causa de esta diferencia desproporcionada entre ambos cuerpos. Pues bien, cuentan que ese comentario molestó en la Guardia Civil que, "tras trabajar codo con codo con el Ministerio", acusa ahora al ministro de eludir su responsabilidad ante el incremento de contagios, situando la misma en el Cuerpo. "En vez de echar balones fuera podría recurrir a argumentos lógicos, como que hay más guardias civiles que policías, o que se ha realizado un número mayor de tests", dicen en el Instituto Armado. Las mismas fuentes añaden que quizá la razón por la que Grande-Marlaska elude su responsabilidad es "la alarmante falta de material de protección que teníamos en las primeras semanas de la pandemía", añaden.

El ataque al automóvil agrieta al equipo de Colau

Unas declaraciones realizadas la pasada semana por Janet Sant, la número dos del Ayuntamiento de Barcelona, han desatado la guerra en el seno de Catalunya en Comú, el partido de Ada Colau. En concreto, Sant afirmó que era el momento de evitar que "se reactivara" la industria del automóvil, pidiendo un plan estatal para recolocar a esos trabajadores en "otros sectores más limpios". Pues bien, estas palabras de la teniente de alcalde de Barcelona han caído como una boma en el seno de partido de Colau. Lo demuestra la airada reacción del dirigente de Catalunya en Comú Álvaro Muñoz que, en redes sociales, dijo que "hay gente que no se entera: si Nissan cierra se perderán 200.000 empleos en la provincia de Barcelona y tocará de muerte a la economía de Cataluña". Se comenta que la opinión de Muñoz es la mayoritaria en el partido. Por lo visto casi nadie ha entendido que Sant haya aprovechado la crisis del coronavirus para arremeter contra una industria básica como la del automóvil y haya generado un conflicto absolutamente innecesario que, además, llega en mal momento. "Se une a los graves problemas que tenemos con nuestros socios de Podemos, que no comparten nuestro apoyo a los Presupuestos de la Generalitat", dicen en Catalunya en Comú. A pesar de todo este revuelo, las fuentes comentan que Colau aún no ha hecho nada para tratar de tapar unas grietas que "amenazan con llevarse por delante el partido".

¿Ayuda Defensa a paliar el colapso de Trabajo?

Es sabido que el Servicio Público de Empleo Estatal está saturado ante el aluvión de Ertes que está recibiendo desde el inicio de la pandemia. Tanto es así que las propias comunidades autónomas aportan efectivos para acelerar la tramitación de los expedientes. No obstante desde el Ministerio de Trabajo se comenta que la ayuda no es suficiente y que siguen colapsados ya que el volumen de trabajo “se ha cuadruplicado”. Para tratar de solucionarlo, se rumorea que la ministra Yolanda Díaz ha pedido la colaboración de la firma pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe) para acelerar el papeleo y poder así abonar el paro correspondiente al mes de mayo y en meses posteriores. Por lo que se comenta en Trabajo la participación de esta empresa dependiente de la ministra Margarita Robles está suponiendo un alivio ya que “sus ingenieros” están acelerando la modernización de los sistemas informáticos, lo que evita los habituales bloqueos que en los últimas semanas sufría el sistema de gestión del SEPE.  

La táctica de ataque de Podemos al CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido por segunda vez en tres meses un comunicado reprobando las palabras de Pablo iglesias, en las que cuestionaba a la Justicia, ahora debido a la sentencia condenatoria contra la diputada de Podemos Isabel Serra. En ámbitos judiciales se comenta que los constantes ataques de la formación morada a la Justicia tienen el objetivo de desacreditar a los magistrados presididos por Carlos Lesmes, sacando réditos políticos de los problemas para su renovación. Así lo indican algunos mensajes en redes sociales de integrantes de Podemos, como el de Jaume Asens, en el que dice que “cualquier comunicado de una cúpula judicial con el mandato caducado y al servicio de la derecha es ilegítimo”. En concreto, Asens se refiere a que el mandato de los integrantes del CGPJ finalizó en diciembre de 2018. Moncloa ya salió en defensa de Iglesias cuando en enero recurrió al mismo argumento para criticar otro fallo de los jueces. “Usarán este retraso como un ariete contra el Consejo, a pesar de que la institución no tiene culpa, ya que está provocado por la falta de acuerdo de los partidos políticos”, comentan en el mundo jurídico. Esas mismas fuentes añaden que Podemos “no ha hecho nada” para facilitar la renovación e incluso le resulta “muy útil este problema para sus maniobras contra la Justicia”.