La crisis de las empresas de la Generalitat
Un informe de la Sindicatura de Cuentas desvela la crítica situación financiera de los organismos que dependen de la Generalitat. En concreto, la Sindicatura, que evalúa la gestión económica y la eficiencia de la Administración catalana, cuestiona la viabilidad de más de 40 empresas, fundaciones y consorcios dependientes del Govern que encabezan Quim Torra y el vicepresidente Pere Aragonès. El supervisor destaca también que Cataluña lidera de manera destacada el ránking de entidades públicas por autonomías. Las 362 firmas públicas o semipúblicas catalanas duplican sobradamente las que tiene, por ejemplo, la comunidad de Madrid (145) o País Vasco (154). Como era previsible, estos datos ya están siendo comentados en el entorno independentista y fuera de él. En el primero se da la callada por respuesta. Pero fuera de ese ámbito, las críticas no se han hecho esperar. "Las cifras reflejan cómo el Govern ha engordado la administración con organismos inútiles que no aportan nada a la región y que solo responden al interés de extender el ideario independentista", dicen desde la oposición. Con todo, el verdadero problema radica en que, posiblemente, habrá que rescatarlos financieramente.
Las autonomías, de nuevo molestas con Celáa
La unilateralidad que la ministra de Educación Isabel Celáa mostró con sus decisiones respecto a las condiciones de finalización del curso escolar ya generó las críticas de muchas autonomías. Pues bien, todo indica que Celáa no tiene intención de cambiar su proceder. Así lo evidencian sus palabras del pasado lunes, en las que aseguraba que si no había vacuna contra el Covid-19 "los colegios tendrán la mitad de alumnado en las aulas" el próximo curso. En el PSOE cuentan que la frase se lanzó para ver la reacción de la ciudadanía. Pero el problema es que, de nuevo, la estrategia se puso en marcha sin tener en cuenta la opinión de las comunidades autónomas, que tienen transferidas la mayoría de las competencias en Educación. Desde un Gobierno regional cuentan que ya han hablado con el Ministerio para "que olvide la unilateralidad".
La abogacía española amenaza con la huelga
Los Colegios de Abogados se oponen a la decisión del Gobierno de que agosto sea un periodo hábil para la actividad judicial. De hecho, en algunos de estos organismos se habla ya de ir a la huelga si al final se les obliga a trabajar durante ese mes. "Las negociaciones para el paro ya están en marcha", advierten a Justicia.
