Dos recientes resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), dictadas tras la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de febrero de 2018, fijan nuevos criterios interpretativos a tener en cuenta sobre la retribución de los consejeros ejecutivos; un tema sobre el que hay una gran inseguridad jurídica y está generado problemas interpretativos en la práctica