Redactora de elEconomista

El gobernador del Banco de España sostuvo ayer que la economía española ya está en disposición de acometer una consolidación fiscal, pues "contamos con instrumentos" para ello, y debemos reducir el déficit estructural.

El mundo de la justicia alerta de un inminente fraude de ley, de tramitarse la derogación del delito de sedición y la modificación del delito de malversación, a través de una proposición de ley como ya está haciendo el Gobierno.

Las consecuencias de la aplicación del impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, al menos en la Comunidad de Madrid, pueden ser demoledoras. Las estimaciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vaticinan una pérdida de recaudación de hasta 5.000 millones de euros, lo que significa el 20% del total del Presupuesto del Ejecutivo regional, que es de 25.738 millones para 2023.

Este fin de semana, el Gobierno de España ha solicitado formalmente el tercer desembolso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 6.000 millones de euros vinculados al cumplimiento de 29 hitos y objetivos (23 hitos y 6 objetivos), correspondiente al último semestre de 2022.

El Gobierno de Pedro Sánchez parece estar dispuesto a negociar con las comunidades vasca y navarra la aplicación de los últimos tres impuestos propuestos por el Ejecutivo de coalición: el impuesto a las energéticas, a la banca y, el impuesto de la Solidaridad a las Grandes Fortunas, tributos que se pondrían en marcha en el próximo ejercicio presupuestario.

El Gobierno aprovecha el trámite de enmiendas al impuesto temporal a la banca para corregir la discriminación que suponía dejar fuera a las entidades extranjeras extendiendoles el recargo y para atender las quejas del PNV, abriendo la participación en el tributo al País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

Como era de prever por parte del principal partido de la oposición, el Gobierno de Pedro Sánchez coló ayer el impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas -a partir de más de tres millones de euros-, a través de una enmienda a la proposición de ley para establecer gravámenes a los beneficios de las grandes energéticas y también a la banca.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso somete este jueves a la votación de la Asamblea de Madrid la Ley de Defensa de la Autonomía Financiera de la Comunidad, normativa con la que el equipo de la líder popular madrileña pretende blindar, entre otros aspectos, las competencias fiscales de la administración que preside, y que recientemente ha recibido la distinción de la fiscalidad más competitiva de España.

El Gobierno ha anunciado un nuevo paquete fiscal con el que prevé recaudar 3.144 millones de euros en los dos próximos años. Entre las medidas principales se encuentran: la creación de un impuesto temporal a las grandes fortunas de más de tres millones de euros, rebajas de IRPF para las rentas bajas y reducción del puesto de Sociedades para micropymes.

El Partido Popular ha registrado esta semana en el Congreso de los Diputados su disconformidad por el veto del Gobierno de Pedro Sánchez a las propuestas fiscales de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo. Y más en concreto, a la rebaja de IRPF para la clase media y trabajadora y, también de la reducción del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra. La denuncia del Grupo Popular se extiende al veto masivo de 250 enmiendas en el trámite de los Presupuestos Generales del Estado.