El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso somete este jueves a la votación de la Asamblea de Madrid la Ley de Defensa de la Autonomía Financiera de la Comunidad, normativa con la que el equipo de la líder popular madrileña pretende blindar, entre otros aspectos, las competencias fiscales de la administración que preside, y que recientemente ha recibido la distinción de la fiscalidad más competitiva de España.
Con el previsible voto a favor de Vox -para que de esta manera cristalice la nueva ley, de este modo-, el equipo económico de Díaz Ayuso se adelanta a la tramitación, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, del impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
Un impuesto, cuyo efecto inmediato pasa por gravar los patrimonios de más de tres millones de euros, en aras de la armonización fiscal que defienden Moncloa y sus socios, y del reparto justo de la carga que supone la nueva crisis económica, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, tal y como sostiene el Gobierno de Sánchez.
Pasado el trámite de consulta pública, recogido en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, la ley se sustenta sobre la base jurídica de dos artículos de la Constitución: el 156 y el 157.
El primero de ellos, el 156, explica cómo "las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".
El segundo, el 157, aclara que "los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por: a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
Madrid pretende evitar que la región pierda con esta actuación la declaración de 13.000 contribuyentes
Así, y con el sustento de la Carta Magna, este jueves, la Comunidad de Madrid da un paso más de carácter normativo, para entre otras cuestiones, evitar que la región pierda con esta actuación la declaración de 13.000 contribuyentes que se podrían marchar de Madrid, con una pérdida cuantitativa de recaudación de 5.000 millones de euros.
Sánchez y Dinamarca
Este miércoles, en clave fiscal, y apuntando contra Díaz Ayuso, Pedro Sánchez pidió al Gobierno andaluz que se equipare con Dinamarca en servicios de calidad, "en vez de bajar los impuestos a los más ricos".
Al respecto, el presidente del Gobierno y líder socialista ha comentado que no entiende "por qué la derecha andaluza ha planteado una rebaja fiscal al 0,2% de la población, a los más ricos", porque, según ha advertido, "al final, comprando los argumentos de la Comunidad de Madrid, que tiene un desarrollo económico enorme como consecuencia de que es la capital de España, a quien está beneficiando este tipo de política fiscal es a Madrid, no a Andalucía".
Frente a ello, Sánchez mantiene que Andalucía "tiene que competir por tener un buen Estado del bienestar, con una sanidad y educación públicas de calidad, con una apuesta decidida por la transición ecológica", y al respecto pregunta "por qué no convertir Andalucía en la Dinamarca de Europa en calidad y en potencialidad del Estado del bienestar y en su apuesta por la transición ecológica, y no en competir con rebajas fiscales que solamente benefician a las clases altas".
