Después de toda la incertidumbre que generó entre los empresarios españoles el anuncio del Real Decreto Ley 8/2019 que obliga a las empresas a garantizar el registro diario de jornada de sus empleados, este mes ha entrado en vigor la nueva ley. La misma no solo llega cargada de una buena dosis de debate sino que también se ha puesto en marcha dentro de un contexto que parece ignorar la competitividad del tejido empresarial español.