La agricultura en Europa ha sido históricamente un elemento nuclear de la política económica y social de la Unión. Sin embargo, en las últimas décadas, los agricultores europeos se han enfrentado una serie de desafíos económicos que han afectado su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo. La Política Agrícola Común (PAC), establecida por la Unión Europea (UE), ha sido un intento de abordar estos desafíos, pero también ha generado críticas y debate sobre su eficacia y equidad. La PAC, al tratar las problemáticas de un sector tan crítico como es el agrícola, ha sido uno de los pilares políticos y presupuestarios de la UE, pero también uno de los principales focos de discordia.

Esta semana se ha puesto sobre la mesa lo que podría ser uno de los mayores avances en integración fiscal europea desde el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, más conocido como Pacto Fiscal Europeo, o la emisión de deuda común en la UE que implica el Plan Next Generation EU. Se ha puesto sobre la mesa la adopción de un impuesto de sociedades común en la Unión.

El gobierno aprobó este martes el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por el que España puede llegar a absorber hasta 70.000 millones de euros en ayudas, que podrían doblarse en caso de solicitar mayores fondos, esta vez vía préstamo, aunque con condiciones muy ventajosas. Y lo ha hecho al mismo tiempo que Alemania, Francia e Italia.

Se acaban de publicar los datos relativos al mercado de trabajo en nuestro país y los resultados arrojan pocos motivos para pensar en una pronta recuperación de la economía. Existen más motivos para pensar en la transformación de los ERTE en ERE -cuando se levanten las obligaciones a las que las empresas en ERTE están sometidas- que en su reincorporación al mercado de trabajo.