La agricultura en Europa ha sido históricamente un elemento nuclear de la política económica y social de la Unión. Sin embargo, en las últimas décadas, los agricultores europeos se han enfrentado una serie de desafíos económicos que han afectado su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo. La Política Agrícola Común (PAC), establecida por la Unión Europea (UE), ha sido un intento de abordar estos desafíos, pero también ha generado críticas y debate sobre su eficacia y equidad. La PAC, al tratar las problemáticas de un sector tan crítico como es el agrícola, ha sido uno de los pilares políticos y presupuestarios de la UE, pero también uno de los principales focos de discordia.
Uno de los principales problemas que afecta a los agricultores europeos es la volatilidad de los precios de la producción agrícola. Por ejemplo, entre 2010 y 2020, los precios de productos clave como el trigo y la leche experimentaron fluctuaciones significativas, con aumentos y disminuciones de hasta un 50% en algunos casos. Esta volatilidad puede hacer que sea difícil para los agricultores planificar a largo plazo y mantener un flujo de ingresos estable. En economía, las expectativas juegan un papel clave en la toma de decisiones del presente y, por lo tanto, acaban condicionándolo. En el caso agrario, las expectativas de inestabilidad futura acaban por adelantar esa inestabilidad al presente.
Además, la agricultura europea se enfrenta a una serie de desafíos estructurales. Según datos recientes de Eurostat, el 80% de las explotaciones agrícolas de la UE son pequeñas o medianas, y muchas de ellas operan en condiciones de fragmentación de la tierra, lo que dificulta la adopción de prácticas agrícolas más eficientes y sostenibles, y limita el acceso a la tecnología y las infraestructuras modernas. En particular, en España, los operadores tienden a ser pymes, con un menor pulmón financiero y más expuestos a la volatilidad.
Otro problema importante es la creciente presión ambiental sobre la agricultura europea. Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la agricultura es responsable del 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la UE, y la intensificación agrícola ha llevado a la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo en muchas áreas. Para abordar estos problemas, la UE ha establecido objetivos ambiciosos en su Pacto Verde Europeo, que incluyen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030 y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Estas restricciones, y la imposibilidad de su cumplimiento por parte de un sector financieramente ya muy ahogado, explican una parte importante de la protesta de los agricultores, más cuando los productores de terceros países no están expuestos a esta normativa ni tienen que asumir la inversión que se requiere para cumplirla.
La PAC ha sido el principal instrumento de la UE para apoyar a los agricultores y abordar estos problemas. Por ejemplo, en el período presupuestario 2014-2020, aproximadamente el 70% del presupuesto total de la UE se destinó a pagos directos a los agricultores, que a menudo se distribuyen de manera desigual entre los Estados miembros. Por ello, ha sido objeto de críticas por su complejidad y escasa eficacia.
En respuesta a estos problemas, la UE ha estado revisando la PAC para hacerla más orientada al mercado, sostenible y equitativa. Por ejemplo, en el marco del próximo período presupuestario 2021-2027, se ha propuesto aumentar el porcentaje de fondos destinados a medidas ambientales y climáticas del 30% al 40%. También se están explorando formas de mejorar el acceso a la financiación y el apoyo técnico para los pequeños agricultores y las explotaciones agrícolas familiares.
En el caso de España, la crisis del sector agrario se ha cobrado más de 8.000 empresas y 70.000 empleos, según la EPA. La inflación, la sequía y la subida del salario mínimo, más de un 50% en 6 años (que afecta al 60% de los trabajadores), han creado las condiciones idóneas para el estallido de las protestas. España tiene hoy 100.000 empleos agrarios menos que antes de la crisis de 2008. Esto supone una exposición de vulnerabilidad muy importante de las empresas agrícolas expuestas al dictado del BOE, que también explica en parte el porqué de la movilización de las pymes agrícolas. El crecimiento desmedido de la burocracia en el ámbito de la agricultura se encuentra en el centro de las protestas de nuestros agricultores.
La manera en que se aborden estos desafíos tendrá implicaciones importantes para la viabilidad y la sostenibilidad de la agricultura europea en el futuro. En los meses que quedan hasta las elecciones europeas del 9 de junio, los problemas del campo van a acaparar buena parte del debate político y económico en España y en Europa.
