La posibilidad de que el Gobierno modifique o incluso suspenda el decreto eléctrico ha servido de impulso comprador para los inversores de las dos principales eléctricas del país. Y es que después de que se conociese que el ejecutivo plantea una revisión de la norma, Iberdrola y Endesa se dispararon en bolsa un 7% y un 4,3%, respectivamente, en una sola jornada. O lo que es lo mismo, la compañía dirigida por Ignacio Galán terminó borrando prácticamente la mitad de las pérdidas generadas por el plan de choque, y la de Bogas casi un tercio.

Más de la mitad de la cartera de suelo de las tres grandes promotoras cotizadas españolas estaría blindada ante la nueva medida que incluirá supuestamente la Ley de Vivienda y que pasa por destinar el 30% de los proyectos de obra nueva a vivienda social. Este cambio en la normativa supone un duro revés al sector, que advierte de que "con los precios actuales de los suelos, es imposible que salgan las cuentas" en la mayoría de las promociones.

Teresa Ribera, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, anunció ayer en la sesión de control al Gobierno en el Senado que ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue a las grandes compañías eléctricas y otros agentes del mercado para saber por qué este pasado domingo la energía eólica y la fotovoltaica estuvieron más de la mitad del día sin producir.

Desde mediados de noviembre del año pasado, y a medida que el país ha ido recuperando la normalidad perdida con la pandemia, el precio de los carburantes no ha dejado de despuntar. El precio medio del litro de gasolina ya sube casi 24 céntimos en los nueve meses transcurridos de ejercicio, situándose en 1,437 euros, su mayor nivel en lo que va de año. Tal y como revelan los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, se trata de unos niveles que no se veían desde julio del año 2014. El gasóleo, por su parte, cuesta actualmente 1,291 euros, 21 céntimos más que a principios de año.

La imperiosa necesidad de reducir las emisiones de CO2 implica un uso masivo de energías renovables, marcadas por su carácter intermitente, estacional y poco gestionable. Su propia naturaleza requiere que los sistemas eléctricos se doten de mecanismos que aseguren firmeza, flexibilidad y disponibilidad del suministro eléctrico. Es precisamente aquí donde las tecnologías de almacenamiento adquieren un papel fundamental en la transición energética.