PSOE y Unidas Podemos han registrado hoy una proposición de Ley conjunta en el Congreso de los Diputados que pretende limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando haya caducado su mandato, como ocurre en la actualidad.
Con esta medida, ambas formaciones políticas quieren impedir que se sigan produciendo nombramientos de altos cargos en las Salas del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.
Tan solo en los dos últimos meses, la Cúpula judicial ha designado, por la necesidad de abordar el día a día y con amplios consensos, a los presidentes de las Salas Tercera (Contencioso-Adminisrativo), Cuarta (Social) y Quinta del Tribunal Supremo, a tres magistrados de la Sala (Militar) Segunda (Penal del Tribunal Supremo y a otro magistrado de la Sala Cuarta. En el Alto Tribunal están pendientes de relevo otras seis plazas en las distintas Salas.
Además, se han designado los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Baleares y Cantabria y al presidente de la Audiencia de Ourense.
La Proposición se prevé que pueda ser debatida antes de que finalice el año, al igual que la reforma del Poder Judicial que registraron para tratar de desbloquear su renovación, paralizada a la espera de que el PP acceda a desbloquear el relevo de los miembros del CGPJ.
Fuentes de Unidas Podemos señalaban esta mañana que "con esta ley, se acabaría con la anomalía como es que en los últimos dos años la institución, con el órgano caducado, haya estado decisiones muy importantes para con el Poder Judicial", al tiempo que han calificado ela Proposición como "un paso en la buena dirección".
Marlaska sin preocupaciones
Por su parte, en una entrevista en Onda Cero, el ministro de Interior y magistrado, Grande-Marlaska, afirmaba que esta reforma, de ser finalmente necesaria, sería "conforme a la Constitución y a los principios de independencia judicial que vienen exigidos por la Unión Europea y el Consejo de Europa".
"El fin no justifica los medios, pero la solución no sería contraria a la Constitución. Garantizaría la independencia judicial en los parámetros máximos. No hay ninguna preocupación. No pasemos al segundo debate. Tendríamos que ser más claros en hablar del bloqueo y en los términos que está aconteciendo", ha valorado.
También, ha recordado que la tramitación de la reforma solo se llevaría a cabo, como ya explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si el PP no se aviene a negociar.
El calendario de Moncloa
Este pasado martes, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, avisó de que el Ejecutivo reactivará la reforma del CGPJ si en un "tiempo prudencial" los 'populares' no facilitan la renovación.
Finalmente, ha criticado que el PP se haya escudado en excusas "muy tristes para no cumplir las obligaciones constitucionales."Es importante y necesario tomar responsabilidad en todo momento, sea al precio que sea, incluso si eso pasa por asumir un desgaste electoral en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña".
Respecto a los plazos que el Gobierno dará al PP para dar luz verde al acuerdo, estas mismas fuentes no han confirmado que la fecha sea el 15 de diciembre, mientras que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ayer hacía alusión a un "tiempo prudencial".
Asimismo, Montero advertía en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministro, que ya se ha alcanzado un acuerdo con los populares, que de no materializarse se reactivará la tramitación de la reforma que registraron el PSOE y Unidas Podemos para rebajar las mayorías necesarias".
Oposición del PP
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "intenta atacar la independencia del Poder Judicial" porque "quiere mandar en todos los poderes del Estado" y "no se conforma con el Ejecutivo y el Legislativo".
Por su parte, el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha insistido, en las últimas horas, en las condiciones de su formación para poder llegar a un pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que deje de "colocar obstáculos en el camino" que impidan "la realización de este acuerdo".
Las condiciones impuestas por el PP para negociar la renovación del GGPJ pasan por garantizar la independencia que este órgano tiene que tener respecto al resto de poderes del Estado. Y, tampoco aceptan la presencia de UP en la negociación y exigen que se retire la reforma para elegir a los miembros del CGPJ que plantearon PSOE y UP en el Congreso porque trata de "pervertir el modelo de elección y es criticada desde Europa".
Mientras tanto, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha rechazado la nueva reforma legislativa y la ha vinculado a las investigaciones judiciales que afectan a Pablo Iglesias y a su partido.
"Es algo verdaderamente grave porque supone que los órganos judiciales colegiados y los más altos cargos de la judicatura quedarían sin nombrar", sometiendo al poder judicial a "una debilidad intolerable", ha advertido en una rueda de prensa en la Cámara Baja, precisando que esto afectaría a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, de las Audiencias Provinciales y de la Audiencia Nacional.
Inconstitucionalidad
Mientras tanto, un grupo de jueces, profesores universitarios y juristas integrados en la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial han hecho público un informe en el que denuncian que el actual proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para el que PSOE y PP están teniendo en cuenta la lista de candidatos a este órgano que se elaboraron en 2018, está aquejado de radical nulidad y vulnera derechos fundamentales de los jueces salidos de las dos últimas promociones.
En el comunicado advierten que si los partidos políticos se obstinan en mantener unos trámites "insubsanablemente viciados", se exponen a una futura declaración de inconstitucionalidad. Asemás, la elaboración de nuevas listas de candidatos retrasaría aún más la renovación de un órgano que este próximo viernes cumple dos años en funciones.
Las candidaturas que están negociando PSOE y PP para renovar los doce vocales del CGPJ de origen judicial proceden de unos listados que fueron remitidos a las Cortes hace dos años, tras concluir su mandato el actual Consejo. Los listados suman propuestas de asociaciones judiciales y nombres de jueces y magistrados independientes avalados por sus compañeros.
Dicha renovación, para la que sonó como presidente del órgano de gobierno de los jueces el magistrado Manuel Marchena, actual presidente de lo Penal del Supremo, fracasó tras publicarse su nombre y conocerse que el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosió, había mandado un mensaje de Whatsapp a todo su grupo elogiando que este nombramiento les permitiría controlar la Sala Segunda del Supremo "por la puerta de atrás".
Argumentan en su informe, además, que el proceso irroga un grave perjuicio, no solo a los jueces de las dos últimas promociones, sino al resto de los jueces, en tanto que han mudado esencialmente las circunstancias normativas desde la apertura de la renovación.
Eso es porque a dicha fecha las vocalías del Consejo, salvo las de la Comisión Permanente, eran sin relevación de funciones, mientras que a partir de agosto de 2018, todas y cada una de ellas recobran su carácter exclusivo.
El resultado es la nulidad radical según el artículo 47 de la Ley 39/15 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas por la violación del derecho a acceder a los cargos públicos en igualdad de condiciones del artículo 23.2 de la Constitución española.
Entidades
Pablo Echenique
Ex secretario de Organización de PodemosRelacionados
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