"No me levantaré de la mesa de negociación hasta alcanzar un acuerdo", la frase, pronunciada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en vísperas del acuerdo para la reforma laboral, ha quedado obsoleta en tiempo récord.
Dos días después de que el Congreso convalidara por la mínima el decreto de su reforma del mercado de trabajo, Díaz presentaba a patronal y sindicatos su propuesta para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros. Pero esta vez ni siquiera se sentó a negociarlo, como había presumido hasta ahora. Dicho y hecho. La subida se aprobó este miércoles sin consenso, solo con el apoyo de los sindicatos. ¿A qué se debe este cambio de actitud?
Para responder a esta pregunta, solo hay que echar un vistazo a quienes fueron sus amigos o enemigos durante los dos meses que se prolongó la búsqueda de apoyos para convalidar el real decreto en el Congreso. Uno de sus colaboradores fue En Comú Podem, el partido de la alcaldesa Ada Colau. Jessica Albiach, la portavoz de En Comú, llegó a amenazar a Pere Aragonès con retirar su respaldo al Gobierno de la Generalitat por la reforma laboral.
Los otros grandes valedores fueron los dos sindicatos nacionales, UGT y CCOO, a los que ha forrado con subvenciones, que pasaron de 9 a 18 millones durante la pandemia, como publicó elEconomista este jueves. La sintonía más estrecha es con CCOO. Su presidente Unai Sordo metió en la comisión ejecutiva de su sindicato a Carolina Vidal, la esposa del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Vidal ejercía hasta ese momento un papel secundario como secretaria de Acción Sindical y de Formación en Castilla-La Mancha.
Como se ve, la connivencia entre sindicatos y Gobierno es completamente indecente. Ello explica las prisas por subir el SMI sin escuchar a los empresarios, a los que había rondado durante meses para que estamparan su firma en el documento.
Díaz necesitaba, además, reconciliarse con sus colegas de Podemos, que no hacen más que contraprogramarla para tapar sus presuntos éxitos. Así, la secretaria general, Ione Belarra, lanzó un plan subvencionado para que las familias pudieran atender a los enfermos justo el día que se aprobó la reforma y volvió a la carga con su alocada propuesta fiscal, en el momento en que se anunciaba el SMI. Sobre todo, resulta chocante el espeso silencio de Pablo Iglesias, su mentor, quien ni siquiera la felicitó a través de las redes sociales.
Da la sensación de que las medidas arbitrarias irán a más cuando se vayan acercando importantes citas electorales. Y las víctimas propiciatorias son los empresarios, como hemos comprobado ya estos días. Ni Díaz ni Sánchez se preocuparon por la posición en la que queda el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, al que presionaron durante meses para lograr el acuerdo laboral. El alza del SMI fue una de las bazas exhibidas de inmediato por Sánchez en la campaña de Castilla y León, junto con el proyecto estratégico de 1.000 millones para el sector alimentario, que casualmente se aprobó el martes.
Garamendi tiene un papelón por delante, ya que no solo tendrá que explicar a su junta directiva la subida del SMI sin tener en cuenta su opinión. El próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará, casi con toda seguridad, la segunda parte de la reforma de las pensiones, pese a la opinión totalmente en contra de los empresarios. El ministro Escrivá prevé incrementar las cotizaciones sociales e introducir unos controvertidos planes públicos de pensiones.
Díaz y Sánchez han utilizado a la patronal como un papel de usar y tirar, para presentar ante Bruselas que los cambios en el mercado laboral contaban con su visto bueno. Y una vez que obtengan el visto bueno a la segunda fase de desembolso de los fondos europeos, si te he visto, no me acuerdo. Ambos están empeñados, además, en que se puede crear empleo o subir los sueldos de manera infinita a golpe de decreto ley.
Díaz y los sindicatos echan mano a las cifras oficiales para desmentir que el SMI destruya empleo. Sin embargo, el Banco de España advirtió, tras el anterior acuerdo que incrementó el SMI el 22,3% en 2019, que se habían dejado de crear entre 92.000 y 174.000 puestos de trabajo.
La vicepresidenta prometió entonces presentar un estudio alternativo para desmentir las cifras del gobernador, Pablo Hernández de Cos. Pero todavía estamos esperando su feliz alumbramiento.
Por lo que se ve, el Gobierno está decidido a amortiguar el impacto de las alzas salariales tirando de talonario público. La economía española recuperó el año pasado los empleos perdidos en la pandemia gracias al sector público y no al privado, como muestran las cifras oficiales. El número de empleos públicos creció en 222.200 desde 2019, pasando de 3,25 a casi 3,5 millones, mientras que los privados son aún un millón menos que en el pico alcanzado en 2007, según la EPA.
Todos los estudios de organismos oficiales tanto nacionales como internacionales advierten del impacto del SMI en los empleos más precarios. Sobre todo, en el desempleo juvenil, que en España alcanza tasas superiores al 30%.
Lo peor es que la titular de Trabajo celebró la aprobación por carambola de la reforma laboral con unas palabras preocupantes. Aseguró que animaría la subida del resto de salarios. Eso es justamente lo que hay que evitar, como ha advertido el gobernador en varias ocasiones.
Los denominados efectos de segunda ronda, consistentes en que la subida de la inflación se traslade a los salarios, son mortales para la actividad económica. Con un IPC en récord del 6,5% y una subida del SMI del 3,6% aprobada esta semana, el incremento de los costes salariales para estos colectivos se acercaría al doble dígito, después del alza de más del 30% en los últimos años.
Si añadimos que la reforma de Díaz restringe la flexibilidad al obligar a reconvertir a más de un millón de trabajadores temporales en falsos fijos o discontinuos para cumplir con Europa, el empleo se complicará y mucho, digan lo que digan.
Uno de los primeros grupos multinacionales en poner el grito en el cielo es Stellantis, que produce uno de cada dos automóviles made in Spain. La multinacional, dirigida por Carlos Tavares, fabrica los coches de Peugeot, Citroën y Opel en nuestro país, y lamenta la pérdida de flexibilidad.
La patronal del motor se abstuvo por este motivo en la votación de la reforma, al igual que la del campo. Se quejan de que los subsidios y la rigidez laboral están encareciendo los costes de la mano de obra.
El sector automovilístico es uno de los creadores de empleos de calidad. Pero, además, junto al agroalimentario, representan casi el 20% del PIB español. No solo los jóvenes o los empleos más precarios del sector servicios, el mayor de nuestro país, serán víctimas de la política del Gobierno.
"Después de la crisis financiera de 2008, ser mileurista en España era un sueño imposible para muchos trabajadores/as. Hoy, los 1.000 euros, gracias al Gobierno socialista, son una realidad y es el SMI de nuestro país. Así se mejora la vida de la gente", escribía en Twitter Sánchez y vocifera en sus mítines electores de Castilla y León. Lo que aún no conocemos es su coste.
PD.-El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, urdió una jugada maestra con la división de la multinacional en dos, una dedicada a los negocios regulados y otra destinada a impulsar los de mayor crecimiento.
Con esta operación, logra espantar dos de los fantasmas que perseguían a la compañía en los últimos tiempos: por un lado, acaba con las luchas de poder con el fondo australiano IFM para hacerse con las riendas de la multinacional española. Pero, además, ofrece una salida para que los fondos de inversión veteranos puedan vender sus participaciones, sin poner en riesgo el crecimiento.
Al contrario, la parte dedicada a los negocios con más recorrido tendrá vía libre para realizar adquisiciones o fusiones con otras empresas del sector. Naturgy se desplomó en bolsa este viernes por la incertidumbre y los costes que genera a corto la operación, pero a medio plazo será muy rentable.
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