El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del sector agroalimentario que arbitrará ayudas de 1.000 millones de euros e inducirá otros 2.000 millones de inversión privada. El Gobierno prevé que creará hasta 16.000 empleos.
El PERTE, que cuenta con medidas gestionadas por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; de Asuntos Económicos y Transformación Digital; así como del de Ciencia e Innovación, va dirigido a propiciar la transformación de la cadena agroalimentaria hacia una mayor competitividad, sostenibilidad y trazabilidad y seguridad alimentaria, según ha señalado el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Este PERTE, aprobado en plena campaña electoral en Castilla y León, una de las principales potencias agroalimentarias de nuestro país, y en plena oleada de protestas de los agricultores, contará con una inversión pública de unos 1.000 millones de euros hasta 2023. Se prevé que genere un impacto de partida en la economía de unos 3.000 millones de euros, estimándose además una creación neta de hasta 16.000 empleos. A esta cantidad habría que añadir, según mantiene el Ministerio en una nota de prensa, los efectos positivos sobre el conjunto de la economía derivados de la creación de nuevos modelos y oportunidades de negocio, las nuevas oportunidades laborales generadas por las actuaciones ligadas al PERTE, así como los ahorros generados en el tejido productivo, las economías domésticas y los presupuestos públicos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado que la convocatoria de ayudas la codirigirán su departamento y el de Industria. Planas ha contextualizado este PERTE dentro de la estrategia global de la política del Gobierno con relación al sector agroalimentario y ha destacado que junto a la Política Agraria Común (PAC), el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura suman más de 50.000 millones y suponen "la cifra más alta de inyección de fondos públicos más alta que se haya producido jamás en el sector".
Reparto
Dentro del Perte agroalimentario hay un paquete de apoyo específico para la industria agroalimentaria, con una dotación de 400 millones de euros.
Asimismo, contempla medidas concretas para apoyar el proceso de adaptación digital y que se extienda a todos los agentes que forman parte de su cadena de valor, con una dotación de 454,35 millones de euros.
Destaca, para las pequeñas empresas y microempresas agroalimentarias, así como para autónomos, el Programa Kit Digital, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del que se podrían beneficiar con unos 275 millones de euros con el objetivo de que digitalicen sus procesos o pongan en marcha una tienda en línea.
Un tercer eje del Perte se centra en medidas específicas de apoyo a la innovación y la investigación para lograr un sector agroalimentario competitivo en todos los eslabones, con una dotación de 148,56 millones de euros.
El ministro ha destacado que por encima de la importancia económica del sector agroalimentario en España, tiene una "gran significación social y territorial y ambiental".
Planas ha recordado en este sentido que el sector agroalimentario contribuye con casi un 10 % al PIB y está conformado, en su mayor parte, por pequeñas y medianas empresas. Un 96 % de las más de 30.500 empresas son pymes. De esta forma, el PERTE se concibe como un conjunto de medidas que benefician a empresas y autónomos del sector agroalimentario y que generan sinergias con tres objetivos claros: mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad del sector agroalimentario. Además, dada la importancia del sector agroalimentario en el medio rural, se incorpora la contribución al reto demográfico como objetivo transversal.
Para hacer frente a la lucha contra el cambio climático y adaptarse a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se hace necesario promover un uso eficiente de los recursos naturales y de la energía en la producción agroalimentaria, a través de la digitalización de todos los procesos productivos de la cadena alimentaria.
Con este PERTE se pretende fomentar el empleo de calidad del sector agroalimentario –sobre todo en el medio rural, donde el tejido empresarial agroalimentario tiene mayor presencia-, fortalecer su competitividad y rentabilidad –con medidas enfocadas a la automatización de procesos, sensorización de procesos o sistemas de aprovisionamiento sostenibles-, así como la vertebración del medio rural, ya que este PERTE tendrá efecto arrastre por su capacidad para desarrollar su actividad en zonas lejanas a núcleos urbanos, atrayendo empleo y servicios colaterales (transporte y restauración), y actuará como generador socioeconómico del entorno rural-.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) consideró este martes positivas las líneas de inversión del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para el sector agroalimentario aunque considera "insuficiente" la dotación económica prevista para la industria.
"Creemos que, dado el peso de la industria española de alimentos y bebidas en la economía española, la cuantía asignada es insuficiente para transformar el sector", afirma en un comunicado Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB.
Por eso, FIAB confía en que el Perte, en lo relativo a la industria, se vea complementado con una línea de ayudas directas que permitan esa definitiva transformación.
Desde la federación consideran que es muy importante que este Perte haya confirmado el carácter estratégico del sector y también consideran muy positivo el modelo de gobernanza que apuesta por la colaboración entre organismos públicos y representantes del sector privado.
"Somos un sector muy atomizado, constituido en su mayoría por pymes, y confiamos en que este modelo de gobernanza permita que las ayudas lleguen a las pequeñas y medianas empresas, que representan el 96% del sector", señala García de Quevedo.
FIAB también ha valorado que en cada solicitud de ayuda presentada se deberán incluir actuaciones, de forma obligatoria, en dos de los tres bloques anteriormente indicados, debiendo ser uno de ellos el de trazabilidad y seguridad alimentaria.
"Las pymes, por su propia estructura, van a tener dificultades para poder optar a ayudas en dos bloques. Sería más fácil y realista que optaran a ayudas en uno de los tres grandes bloques que recoge el PERTE", recuerdan desde FIAB.