El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado hoy a Pedro Sánchez, la creación de una oficina compuesta por "personas neutrales, con perfil técnico y elegidas por consenso" para fijar los criterios de reparto de los fondos europeos.
Castilla y León ha obtenido una media de 534 puntos en las pruebas de Competencia Global del Informe PISA 2018. Estos resultados, hechos públicos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sitúan al sistema educativo de la Comunidad en el segundo puesto entre los países de la OCDE, tan solo por detrás de Canadá (554) y con la misma puntuación que Escocia. De hecho, entre las comunidades autónomas de España, Castilla y León ocupa el primer lugar.
La plena recuperación de la crisis económica provocada por la Covid tardará más tiempo de lo previsto en ser una realidad. La elaboración de las cuentas para el próximo año de autonomías como Castilla y León empiezan a tenerlo en cuenta ya que disparará el gasto para resteñar las heridas dejadas por el coronavirus, pero será a costa de mayor endeudamiento y no de un incremento de la presión fiscal.
Continúan las críticas por los efectos de la penalización fiscal a las bebidas azucaradas que planea el Gobierno. Ahora, ha sido el Gobierno de Castilla y León, principal Comunidad productora de remolacha azucarera, la que carga no solo contra los planes del Gobierno sino contra la campaña lanzada sobre este producto por el Ministerio de Consumo.
El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado un techo de gasto para el año que viene de 10.980 millones de euros, un 14,6% más que el de 2018, último año con presupuesto. La Junta prevé que la economía crezca en 2021 un 7,5% por ciento, insuficiente para amortiguar el desplome del PIB del 10,1% este ejercicio. La deuda crecerá hasta el 23,7%.
Tras 42 horas de negociaciones, los ministros de Agricultura de la UE han logrado en la madrugada de este miércoles un acuerdo sobre la nueva Política Agraria Común que no recoge una de las principales demandas de nuestro país: una mayor flexibilidad en la aplicación de las nuevas exigencias medioambientales que tienen que cumplir los agricultores para cobrar las ayudas.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea negocian a contrarreloj un acuerdo sobre la Política Agraria Común que permita continuar con el procedimiento de aprobación de un nuevo modelo que lleva ya dos años de retraso y que supondrá importantes cambios para los agricultores del Viejo Continente.
El sector agroalimentario mira con inquietud las consecuencias que la implantación de la tasa Google prevista por el Gobierno pueda tener en las exportaciones a Estados Unidos, país que ya aplica aranceles de un 25% a productos como el vino, el aceite de oliva, la aceituna de mesa o el queso.
Andalucía, la principal Comunidad agraria, se ha unido como una piña contra la reforma que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, diseña para reducir el valor medio de los derechos de la PAC que cobran los profesionales agrarios andaluces.
Las organizaciones sindicales y empresariales que forman parte del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, UGT, CCOO Y Cecale, han rechazado, en la reunión de la Comisión Permanente, la propuesta de la Consejería de Empleo e Industria, encabezada por Carlota Amigo, de crear cinco Comisiones Especializadas para el estudio e impulso de materias específicas objeto de negociación en el seno del Diálogo Social.
