El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha acordado este jueves recurrir el reparto de menores inmigrantes realizado por el Ejecutivo central al considerar que invade la competencia exclusiva en materia de protección y tutela de menores, causa perjuicio financiero al incrementar el número de personas acogidas y atendidas sin contraprestación económica, y provoca un agravio comparativo respecto a otras comunidades autónomas.