El animal político que lleva Sánchez en sus entrañas volvió a manifestarse esta semana. El martes, mantuvo a la veintena larga de ministros en vela a la espera del inicio del Consejo de Ministros. Sánchez comenzó pidiendo perdón por la tardanza, aunque matizó "creo que ha merecido la pena". En un encuentro mano a mano con la vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros de Presidencia, Félix Bolaños; de Derechos Sociales, Ione Belarra y de Hacienda, María Jesús Montero, acababa de desatascar las cuentas públicas para el próximo año, la condición sine qua non exigida por la Unión Europea para el desembolso de los fondos Next Generation.
El punto conflictivo estaba en la Ley de Vivienda. Sánchez se pasó por el arco el criterio del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, que llevaba varios meses negociando y resistiendo ante Podemos y aceptó sus propuestas a cambio de que éstos renunciaran a la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad y al cheque bebé, defendido por la titular de Igualdad, Irene Montero.
Para redondear su órdago, se sacó de la maga un bono cultural de cuatrocientos euros para los jóvenes que cumplan 18 y otro de 250 euros mensuales para alquiler de vivienda, entre 18 y 35 años, sin calcular previamente el alcance económico de las medidas.
La cantidad destinada a los jóvenes, el principal granero de votos socialista ante la proximidad de las elecciones andaluzas, crecerá casi el 90 por ciento, incluido el dinero para becas, hasta 12.500 millones.
La propuesta de Sánchez fue tan generosa, que de inmediato tuvo que salir la ministra de Hacienda a matizarla. El coste del bono de vivienda podría dispararse hasta 28.000 millones en los dos años que prometió, lo que supondría duplicar las partidas destinadas a este colectivo.
Según el Banco de España, esos jóvenes a los que pretende beneficiar son los más perjudicados por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La institución cifra hasta en 170.000 los empleos que se perderán por esta medida, a lo que habría que sumar la última subida acordada.
El coste del bono de vivienda podría alcanzar 14.000 millones y arrasar el plan de los jóvenes
¿De qué sirve subvencionar la vivienda a los jóvenes, si no hay medidas para atajar su tasa de paro, en el 40 por ciento? La solución no está en repartir peces, sino enseñar a pescarlos, porque su coste será insostenible a medio ó largo plazo.
La nueva Ley de Vivienda, además de los topes a los alquileres en las zonas tensionadas de las grandes ciudades, recurridos ante el Tribunal Constitucional en Cataluña, contenía una sorpresa envenenada: la obligación de ceder un tercio para vivienda social en las nuevas promociones de suelo ya urbanizado.
El anuncio dejó en shock al sector, que amenaza con dejar al ralentí la construcción de nuevos inmuebles, ya muy afectados por las subidas de los materiales. El revuelo creado es tal que el Gobierno anunció que serán compensadas con suelo en otras promociones, aunque la fórmula no convence al sector, como pueden leer en elEconomista.
La ley dejará la aplicación de los topes a los alquileres al albur de las autonomías y de los ayuntamientos, lo que permitirá que el 50 por ciento de las nuevas promociones se salven de la quema. Pero el daño a la seguridad jurídica es irreversible y su efecto demoledor. Un golpe a las inversiones y a la llegada de capital foráneo para nuevos proyectos.
La Ley de Vivienda profundizará en la caída de la oferta inmobiliaria tanto para alquiler como para la venta y provocará otra estampida de los precios, justo lo contrario de lo que se pretende.
¿Dónde queda la política social del Gobierno?, ¿en anunciar miles de millones en ayudas para los jóvenes después de reducir sus posibilidades de empleo?, ¿en complementar el coste de los alquileres después de contribuir a achicar la demanda y catapultar los precios? , ¿en socavar las bases de la seguridad jurídica de las inversiones?
Ribera se ve forzada a entenderse con las eléctricas tras el tirón de orejas de Bruselas al decreto
La única esperanza que queda es que la entrada en vigor de la futura Ley de Vivienda tardará entre doce y dieciocho meses. Un plazo en el que podría ser enmendada ó incluso tener problemas para salir adelante.
El golpe a la vivienda viene después del propinado a las eléctricas, a las que recortó en 2.600 millones, lo que denomina "ingresos extraordinarios" por la subida de la luz. El tiro le salió por la culata, porque la electricidad ha seguido subiendo. Pero sobre todo porque, como avanzamos hoy en elEconomista, la Comisión Europea dio un tirón de orejas a Calviño para que rectifique.
¿O alguien piensa que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, recibe a las eléctricas después del decretazo porque está arrepentida de la decisión? No es así. Lo hace porque Bruselas advirtió al Gobierno español que vulnera el libre mercado y le instó a buscar un entendimiento.
Fue otro de los golpes de efecto del presidente, que harto de verse crucificado en los telediarios, dio un sablazo al sector energético para culparlo por la subida de la luz. El problema no está en las eléctricas, si no en el mecanismo de fijación de los precios de la electricidad mediante las subastas mayoristas, que tienen como referencia el gas.
Los precios de este hidrocarburo dieron un respiro esta semana después de que Putin se mostrara dispuesto a abrir la espita de los gasoductos que abastecen a Europa. El mandatario ruso intenta así enviar un mensaje de hermandad al futuro Gobierno socialdemócrata que se dispone a formar el candidato del SPD, Olaf Scholf, para que levante las sanciones impuestas por la canciller Ángela Merkel y autorice el gasoducto Nord Stream 2 con Alemania.
El Fondo Monetario asegura ahora que la inflación podría ceder a partir de otoño, una vez que el coste de los fletes marítimos parece haber alcanzado un techo. China incrementa el 50 por ciento la producción de carbón para evitar los apagones en sus fábricas. Si los precios energéticos se moderan y el BCE renueva su plan de estímulos, aunque sea con un paquete de recompra de menor tamaño, el rebote económico se prolongará.
Las previsiones de reducción del déficit al 5 por ciento el próximo año son poco creíbles. Están basadas en dos supuestos cuestionables: en un boom de los ingresos fiscales y de la economía hasta el 7 por ciento el próximo año y en que el BCE mantenga sus compras de deuda, cuya partida se recorta en 2022.
El bono extendido por Sánchez para los jóvenes, representa el último esfuerzo por ganarse a golpe de talonario público a un colectivo de más de veinte millones, más de la mitad de la población en edad de votar.
A los nueve millones de jóvenes entre 18 y 35 años, hay que sumar otros nueve millones largos de pensiones, que subirán entre el 2 y el 3 por ciento, y tres millones de funcionarios, cuyo poder adquisitivo crece el 7 por ciento en la legislatura, el doble que la inflación. ¿Qué empresa aguantaría una subida así?
Tarde o temprano despertaremos a la cruda realidad: El Presupuesto deja un país superendeudado por el fabuloso incremento del gasto a costa de los fondos europeos y carente de reformas para impulsar la productividad y el crecimiento.
PD.-El fondo australiano IFM se saltó todos los compromisos adquiridos en la opa parcial de Naturgy para intentar que su oferta fuera aceptada por los pequeños accionistas. Su máximo responsable en España, Jaime Siles, llegó con elogios a la gestión de su presidente, Francisco Reynés, y con la promesa de no interferir en sus decisiones basado en que el horizonte de su inversión era a cincuenta años. Pero las mentiras tienen las patas cortas. Donde dijo digo ahora dice Diego.
En los últimos días acabó criticando la política de dividendos y los planes de futuro de la eléctrica española. ¿No habíamos quedado en que la inversión era a 50 años? No me extrañaría que si logra tener uno o dos representantes en el consejo de administración intente concertarse con los otros dos fondos para forzar la venta de activos en contra de Reynés. Visto su comportamiento, creo que fue en error la aprobación de la OPA sin exigir mayores condiciones.
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