Después de la caída del PIB del 10,8% que experimentó la economía española durante el año 2020, asistimos a un modesto impulso de la producción durante el presente ejercicio. A ello ha contribuido el incremento del consumo de las familias sustentado en el ahorro acumulado en los meses más duros de la pandemia, la seguridad que traslada el avance de la vacunación y las políticas monetarias expansivas de la Unión Europea que garantizaron el crédito y la liquidez en el mercado. No puede hablarse de un incremento de nuestro crecimiento potencial, lo que hubiese exigido acometer las reformas estructurales que demanda la economía española, sino más bien la vuelta a la normalidad en el mercado, aunque pervivan limitaciones, pero que no alcanzan, ni mucho menos, al impacto que tuvieron las vividas durante las primeras olas del virus.
Sin embargo, este rebote ha quedado en entredicho por los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Después de anticiparse un crecimiento del 2,8% del PIB en el segundo trimestre del año, se ha producido una corrección inaudita de 1,7%, para dejarlo en el 1,1%, dos días después de que la Vicepresidenta Primera del Gobierno presentara sorpresivamente el cuadro macroeconómico para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Esta circunstancia no ha llevado a ninguna enmienda del mismo, sino más bien al contrario, pues se llegó a anticipar para finales de este año el momento en el que alcanzaremos los niveles de PIB prepandemia, circunstancia que es totalmente imposible. Lo cierto es que el INE dio un baño de realidad, poniendo de manifiesto que al rigor en las cuentas públicas y en las previsiones económicas está reñido con el optimismo infantil que invade en los últimos tiempos las declaraciones públicas sobre la situación económica. No hay nada más dañino para superar una situación de crisis que su negación, por eso, hechos como el descrito socavan nuestra credibilidad, es decir, la confianza en la economía española, que es uno de los elementos clave para superar la situación en la que nos encontramos y, al mismo tiempo, limitan el "rebote" de nuestra renta, lastrado ya por una política basada en impuestos altos, incremento del déficit estructural y mensajes anti empresa.
No obstante, los indicadores adelantados para el tercer trimestre del año 2021 parecen señalar que se producirá el traslado de una parte del crecimiento que no apareció en el segundo, pero en todo caso, nos moveremos en un entorno de crecimiento a finales de año entre el 4,5% y el 5'5 % del PIB, aproximadamente la mitad del 9,8% con el que se elaboraron los PGE vigentes, retrasándose el momento en el que nos encontremos con datos de producción similares a los que teníamos antes de la pandemia. Fuimos los que vimos reducidos en mayor cuantía nuestro PIB de la Unión Europea durante el 2020 y los que más tarde llegamos a alcanzar los datos de PIB prepandemia y eso es lo que debería llevar a preguntarnos por qué nuestro país es el último de la Unión en hacerlo.
Posiblemente, la respuesta la encontremos en las debilidades tradicionales de nuestra economía y la imposibilidad de resolverlas por la situación pandémica, pero sobre todo, por la concepción que se tiene de política económica. En este sentido, si existe un consenso generalizado entorno a los problemas estructurales de nuestra economía, también es claro que su solución no se aborda, ni siquiera, aunque nos lo exija la Comisión Europea. Si pensamos en la estructura del mercado de trabajo y su escasa productividad o en la vulnerabilidad de nuestras cuentas públicas y de la Seguridad Social, nos encontramos con intentos de revertir la reforma laboral en sentido exactamente opuesto al que conviene al empleo o con la indexación de las pensiones a los datos de inflación anual; si lo hacemos en los cuellos de botella que estrangulan la posibilidad de que las empresas españolas puedan crecer o al estrés de regulación que ha roto en muchos sectores el mercado interior, nos damos de bruces con acciones o discursos contra el sector privado que impiden su normal desarrollo, para apostar siempre por la estatalización. Todo ello, por no hablar de la educación a la que se la está separando de los rasgos que la vinculan al esfuerzo y la excelencia. O las medidas adoptadas para resolver el problema de la subida de las tarifas energéticas que no van a conseguir otro objetivo que debilitar aún más a nuestro sector industrial, única garantía de empleo estable y bien remunerado. De esta forma, pasa a segundo plano la competitividad de nuestra economía y frustra cualquier intento de salir de la cola del crecimiento de las economías más avanzadas.
No estamos por tanto ante un crecimiento de nuestro PIB potencial, el dato del 1,1% al alza del segundo trimestre, ni siquiera puede considerarse un "rebote". Si a esto le unimos el 4% de inflación, la escalada de los precios de los suministros eléctricos y a una deuda en el entorno del 120% de nuestra producción, podemos decir que nos enfrentamos a un panorama complejo y preocupante, sobre todo, cuando las decisiones que se toman no van en la dirección de corregir estos problemas sino, mucho nos tememos, en la contraria. Parece que todo se deja a la espera de que la recepción de los fondos Next Generation de la Unión Europea solucione por sí misma nuestras dificultades, olvidando que su llegada está condicionada a la realización de un conjunto de reformas, cuya ejecución no es sencilla cuando parece que no se cree en ellas, al menos, no lo hacen quienes tienen que abordarlas.
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