Las principales empresas eléctricas del país ya han reaccionado y puesto en manos de sus equipos jurídicos la batalla legal en contra del paquete de medidas que ha aprobado el Gobierno para bajar el precio en la factura de la luz y que entrará en vigor el jueves, tal y como han podido confirmar varias fuentes a elEconomista. Editorial | Intervencionismo sobre las eléctricas que daña el libre mercado.
Por el momento, la única vía de recurrir el Decreto Ley sería ante el Tribunal Constitucional, pero lo tendrían que hacer 50 senadores, 50 diputados, el Defensor del Pueblo, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas o, en su caso, las Asambleas de las mismas. Para recurrirlo por otra vía habría que esperar a la aprobación de reglamentos posteriores. Fuentes del sector energético consideran que las propuestas no atajan el problema, calificándolas de "mentiras siderales" y aseguran que si el precio del gas no baja, el de la electricidad seguirá al alza.
No obstante, las eléctricas no se quedan atrás y no han sido las únicas que han hablado una vez conocidas las medidas que se van a aplicar, tanto para poner en valor las medidas "valientes" como para calificar de "timo" las ideas del Ejecutivo de Sánchez. El partido líder de la oposición, también ha reaccionado. Javier Maroto, portavoz de los populares en el Senado, ha calificado de "timo" las propuestas para abaratar la factura eléctrica que hizo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de "matar moscas a cañonazos" después de "estar tumbado al sol mientras el precio de la luz se multiplicaba por tres".
El portavoz del PP en el Senado, que será el encargado de preguntar al jefe del Ejecutivo en nombre del grupo popular, cree que no hay ninguna garantía de que esta tasa no se convierta en un problema en el futuro, además de criticar que no hay seguridad de que el "ataque a las eléctricas" no sea contestado judicialmente. La formación azul interpelará también sobre este asunto en el Senado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al ministro de Consumo, Alberto Garzón, al que Maroto ha descrito como "un ministro que solo pulula por Moncloa en las reuniones del Consejo de vez en cuando".
Desde la OCU dicen que el plan de choque del Gobierno va en buena dirección, pero le achacan un sesgo de temporalidad. Creen que algunas medidas, como la supresión del impuesto especial a la electricidad debería ser de carácter permanente. Estos sostienen además que las medidas deben ser estructurales en el mercado mayorista, en la formación de precios y más claridad en el recibo de la luz y en las ofertas de las eléctricas.
Por otro lado, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha subrayado que ven recogidas parte de sus propuestas, como la intervención en el mercado al retirar los "injustos" beneficios caídos del cielo que perciben las eléctricas, en el paquete de medidas aprobado en el Consejo de Ministros para abaratar el precio de la electricidad. Belarra ha señalado también que se han adoptado iniciativas "valientes" y "contundentes", como venía demandado Unidas Podemos desde hace tiempo.
Ante el revuelo causado, el ministerio de Transición Ecológica ha respondido de forma contundente que "la minoración de CO2 tiene un suelo de 20 euros por tonelada de CO2, que coincide con el precio que había cuando las eléctricas firmaron el protocolo de cierre en marzo de 2019. No supone ninguna detracción de los ingresos que recibían cuando lo firmaron. Es más, contempla sus expectativas de mayores ingresos por la subida del CO2 al concederles un 10% de los ingresos sobrevenidos cuando el CO2 esté por encima de esos 20 euros por tonelada". Asimismo, ha asegurado que "el mecanismo de minoración replica el sistema implantado entre 2007 y 2009 en virtud de los RDL 3/2006 y 11/2007, que fue validado por el Tribunal de Justicia de la UE" y que, "además, se han aumentado las garantías al incorporar las recomendaciones de la CNMC y el Consejo de Estado".
Cese de actividad nuclear
Mientras, el Foro de la Industria Nuclear Española han comunicado que si el proyecto de Ley del CO2 sale adelante se producirá un cese bastante perjudicial de la actividad del parque nuclear. "La excesiva presión fiscal que soporta el parque nuclear español y el impacto del proyecto de Ley del CO2 en su redacción actual, unidos a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones a realizar hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035, le conducirían a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad", añaden. El Gobierno ha respondido que "el cierre de las centrales, por otro lado, tiene que aprobarlo el operador del sistema, REE, considerando criterios de seguridad del sistema".
