El presidente del Gobierno,Pedro Sánchez, visitó esta semana el Foro de Davos acompañado de dos de sus vicepresidentas (Nadia Calviño y Teresa Ribera) y de una cohorte de empresarios de primera fila: Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Francisco Reynés (Naturgy); Ana Botín (Santander), Josu Jon Imaz (Repsol), Rafael del Pino (Ferrovial), Carlos Torres (BBVA) ó José Manuel Entrecanales (Acciona).
Hay que reconocer que para ser el cabeza de un Gobierno socialcomunista, que genera desconfianza a priori en el mundillo económico, no está nada mal el elenco de directivos que reunió. Ya decía el extinto Emilio Botín que su banco siempre tenía que estar cercano al Ejecutivo de turno.
Sánchez repitió vaguedades. Prometió rigor fiscal (el consabido mensaje para Bruselas), pero con justicia social. Un discurso popular a lo Robin Hood consistente en robar a los ricos para repartirlo entre los pobres.
La luna de miel con el mundillo empresarial se prolongó hasta el día siguiente, cuando Gobierno, patronal y sindicatos acordaron, en un tiempo récord en la tarde del miércoles, un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 50 euros mensuales (5,5%), después de subirlo más del 22% el ejercicio precedente.
El vicepresidente cuarto para Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, anunciaba poco después en su twitter que tenia buen 'feeling' con el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, quien la víspera saludó el compromiso con un "podía haber sido peor".
Alguien del mundo empresarial debería levantar la voz contra la feroz alza del Salario Mínimo
Ya conocen las genuflexiónes de los grandes empresarios con el Gobierno de turno. Recuerden los almuerzos que celebró Zapatero en Moncloa con los primeros espadas del Ibex y luego si te he visto no me acuerdo. Y lo mal que acabó su legislatura. Nuestro capitalismo patrio está acostumbrado a besar la mano del poder, porque regenta negocios regulados.
No piensan, sin embargo, lo mismo los pequeños empresarios, autónomos o agricultores, que ven como los costes salariales se incrementan sin que puedan repercutirlo a sus clientes, lo que se traducirá en la pérdida de miles de empleos y en el cierre de cientos de pequeños negocios.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, explicaba en la red social del pajarito que subir los salarios era bueno para la economía, porque generaba demanda interna para sostener el consumo y las cotizaciones sociales, mientras que su hermano Eduardo decía que "si una empresa no puede pagar los míseros 950 euros, mejor que desaparezca".
Ninguno de los dos ha creado jamás una empresa, ni pagado un mísero a euro a un empleado. Al revés, lo que conocemos de dirigentes de Podemos como Echenique, es que intentó escamotear las cuotas a la Seguridad Social de su empleada del hogar.
Si tan solidarios son los Garzón, deberían explicarnos como van a hacer los extremeños, con una renta media inferior a los 20.000 euros. Cuando el SMI suba a 1.200 euros, muchas empresas se verán obligadas a pagar a sus trabajadores más del 60 por ciento de la retribución media de un asalariado extremeño, pese a que están entre las menos rentables de España.
¿Acabará el Estado asumiendo todos los sueldos de los extremeños para cumplir con la carta social europea? No creo. Lo que pasará es que muchas micro pymes extremeñas, que son la mayoría en la región, se extinguirán como lo hicieron los dinosaurios.
El calendario de alzas previsto para el SMI durante esta legislatura es un disparate y alguien del mundo empresarial debería comenzar a levantar la voz, aunque sea como predicar en el desierto, para detener la sangría de sociedades, como ocurrió con los asesinatos en masa en el famoso film de Jodie Foster y Anthony Hopkins en el Silencio de los Corderos.
Tenemos una economía de servicios de bajo coste, como se ha demostrado esta semana con la celebración de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en Madrid, que aglutina a la mayor concentración del sector a nivel mundial. Otro éxito de la organización de Ifema. El número de turistas batió el año pasado un récord de 83 millones, pero los ingresos permanecen anclados en niveles de 2013, en 850 euros por visitante.
España es un país de tecnología media baja, sus productos compiten mejor en costes que por calidad. Hasta que no se incorporen las mejoras tecnológicas no podremos pagar mayores salarios y eso no se consigue en un pis pas, como predica el Gobierno.
Pero las complicaciones no terminan aquí, porque la flamante ministra de Empleo, Yolanda Díaz, reconoció tras estampar su rúbrica sobre el nuevo SMI que luego viene la supresión de los convenios de empresa ó la vuelta de la ultraactividad, dos iniciativas tomadas por su antecesora, Fátima Bañez, para librar de la quiebra de miles de sociedades; Díaz también anunció que acabará con los despidos por bajas continuadas por enfermedad, la única medida que se ha mostrado eficaz para combatir el absentismo. Y remató su discurso con un "después vendrán medidas más complejas".
Los empresarios no pueden permanecer como ovejas mansurronas que caminan en silencio hacia el matadero. El presidente del grupo Meliá, Gabriel Escarrer, fue el primer valiente que en el foro de Exceltur, advirtió a Sánchez sobre las consecuencias de derogar la reforma laboral.
Un asunto que también preocupa en Europa, que ha pedido a Calviño que le envíe los Presupuestos antes de renegociar la senda del déficit y de los ajustes presupuestarios.
El presidente del Sabadell, Josep Oliu, también cedió esta semana a las presiones para que se fusione. Oliu admitió que "quizá sea buena una concentración" después de que la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, lanzara varias advertencias al sector sobre la baja rentabilidad bancaria.
BBVA y Bankia son las dos posibles novios del Sabadell con la venia de Sánchez e Iglesias
En el mismo sentido, se pronuncia el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex ministro de Economía, Luis de Guindos.
Descartado el Santander, que acaba de engullir el Popular, y La Caixa, que tiene ya tamaño suficiente, las opciones se reducen a dos: Bankia o BBVA. En el caso del banco de origen vasco hay que esperar a comprobar si el desenlace del caso Villarejo tiene alguna consecuencia en su dirección actual. No es cierto, que el PNV haya pedido a Sánchez la cabeza de Carlos Torres, ni que esté presionando para una fusión.
Sin embargo, en Bankia cada vez hay más voces que apuntan a una concentración con otra entidad para que el Estado pueda recuperar una parte de los 22.500 millones que le inyectó. En solitario, el valor de la participación pública es cada vez menor, apenas ronda los 3.300 millones. Eso sí, cualquier operación debe contra con la venia de Sánchez y me figuro que de Iglesias, que es partidario de su completa nacionalización.
Por lo demás, el Cronavirus estuvo a punto de dar un susto a los mercados financieros. La decisión de la OMS de aplazar la declaración de emergencia internacional, así como los sorprendentes datos de Producción Industrial en Alemania, la locomotora europea, devolvieron la confianza. Con los empresarios domesticados y el frente internacional tranquilo, Sánchez podrá seguir haciendo de su capa un sayo.
Entidades
Amador G. Ayora
Director de elEconomistaRelacionados
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