SMI: nueva alza que debió evitarse

Como era previsible, la reunión en la que el Gobierno, la patronal y los sindicatos retomaron el diálogo social estuvo protagonizada por el salario mínimo interprofesional (SMI). Tras volver a subir las pensiones con el IPC y elevar el sueldo de los funcionarios, el Ejecutivo seguía teniendo pendiente el cumplimiento de su ambiciosa promesa electoral referida al SMI.

Finalmente, esa retribución se situará este año en 950 euros mensuales, por debajo de los mil euros que reclamaba Podemos. Ahora bien, sería un error minusvalorar la dimensión real de esta subida. El SMI se ha visto incrementado un 5,5%, una tasa muy superior al 0,8% con que la inflación cerró 2019 y también muy por encima del IPC del 0,9% que el Gobierno espera para 2020. Además, debe tenerse en cuenta que esta nueva subida se suma al alza récord, sin parangón en los últimos cuarenta años, que el salario mínimo experimentó el año pasado, un ejercicio en el que creció más de un 22%. Por si fuera poco urge prestar atención al contexto más difícil en el que se produce el nuevo incremento. La desaceleración del PIB prosigue hasta el punto de que el FMI alerta del riesgo de que se pierda la barrera de los 1,5 puntos porcentuales de avance ya en el presente ejercicio.

El salario mínimo experimenta un avance del 5,5% que se suma al 22,3% que tuvo lugar durante el año pasado

En un escenario así resulta arriesgado continuar presionando los costes laborales que afrontan las empresas, ya que los cambios en el SMI tienen influencia en gran parte del resto de la negociación salarial. Las compañías van a ver de este modo más mermada su competitividad, al tiempo que es muy posible que el enfriamiento de la creación de empleo se transforme en destrucción de puestos de trabajo. Por todo ello este nuevo avance del SMI no debió producirse.

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