Más gasto, subida de impuestos y un mayor Salario mínimo interprofesional (SMI). Este es, en síntesis, el programa económico que PSOE y Podemos pondrán en marcha si llegan a formar Gobierno finalmente. Las tareas y deberes se le acumulan a Pedro Sánchez en este mes de diciembre. El presidente del Gobierno en funciones no solo tiene que lograr apoyos suficientes para mantenerse en Moncloa y activar el Ejecutivo de coalición progresista que ya ha pactado con Pablo Iglesias, líder de Podemos, sino que tiene menos de un mes para aprobar varias de las medidas a las que se ha comprometido en los últimos meses, si quiere que entren en vigor en 2020. Se trata del alza de las pensiones y de la subida salarial de los funcionarios, iniciativas que supondrán un coste de 5.800 millones de euros el próximo año.
De esta manera, 2020 comenzará con un inmediato incremento del gasto debido a estas dos medidas. Así lo refleja el plan presupuestario que envió el Gobierno a la Comisión Europea, en el que se precisan ambas medidas así como su coste máximo. La palma se la lleva la subida salarial de los empleados públicos. Esta medida, que incluye la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que está motivada por el acuerdo al que llegó el Ejecutivo de Mariano Rajoy con los sindicatos, supondrá un impacto de hasta 4.575 millones.
El acuerdo entre PSOE y Podemos eleva el gasto en la partida de pensiones al subirlas un 0,9% en 2020
A esta cantidad se suma el incremento del coste de las pensiones, que el Ejecutivo calcula en unos 1.263 millones, así como el aumento de esta prestación a las clases pasivas, una medida que supondrá unos 141 millones.
A estas medidas se suman otros importantes compromisos que puso sobre la mesa el candidato socialista a presidir el Gobierno durante las campañas previas a las elecciones generales celebradas este año: las del 28 de abril y su repetición el pasado 10 de noviembre. En el programa del Ejecutivo, que están negociando socialistas y morados, está el que el suelo salarial esté en los 1.200 euros para final del este mandato, un 25% más, y se baraja que para el próximo año el alza sea del 11%, hasta los 1.000 euros mensuales.
En cuanto a otras medidas laborales, aunque las formaciones no han llegado todavía a un acuerdo, estudian ya la derogación total de la reforma laboral del Partido Popular. Era una de las peticiones más fervientes de Podemos.
Impuestos
Se encuentran propuestas como generar un tipo mínimo del 15% del Impuesto sobre Sociedades para grandes corporaciones, que sería del 18% en los casos del sector de los hidrocarburos y del financiero. También desarrollar los impuestos a las transacciones financieras y a los servicios digitales, es decir, las tasas Google y Tobin. Asimismo, permanece la reclamación de ejercer un mayor control sobre las sociedades de inversión de capital variable (sicav) y poner un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos de las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi). En cambio, no hay ni rastro de medidas de control sobre las entidades de tenencia de valores extranjeros.
De ninguna manera el planteamiento de los socialistas pasa por eliminar impuestos como los de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, sino dotarles de equilibrio y reducir las importantes rebajas que hay establecidas en regiones como Madrid. Se trata de un plan con el que está de acuerdo Unidas Podemos, que ya ha indicado que este tipo de impuestos, además, debe utilizarse para gravar a las rentas altas del país. Crearán de un tributo a las Grandes Fortunas que se formularía a través del Impuesto de Patrimonio y cuyo impacto para aumentar la recaudación será nulo si no se limitan las bonificaciones que aplican las comunidades.
En materia de vivienda, Podemos no contará finalmente con el Ministerio de Vivienda y los dos partidos han llegado a una solución intermedia sobre este asunto. La formación morada incluye una de las exigencias que no logró colocar en el real decreto ley de alquiler que se aprobó hace unos meses. Se trata de la limitación de precios de los alquileres, de manera que se ponga "techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas. Se habilitará a las regiones o ayuntamientos para la elaboración de un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva y sujetos a revisión con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30% de su renta en concepto de alquiler".
