La decisión anunciada este lunes por Estados Unidos de castigar los productos franceses con aranceles por valor de 2.400 millones de dólares por la tasa Google aprobada por el Gobierno galo ha sorprendido a propios y extraños, máxime teniendo en cuenta que el presidente norteamericano Donald Trump y su homólogo galo Emmanuel Macron habían llegado a un acuerdo para que este castigo no se produjera.
Con todo, esta sanción no provocará que España cambie el ritmo en cuanto a este tributo. Según ha podido saber elEconomista, Moncloa mantiene sus planes para lanzar un impuesto español sobre determinados servicios digitales.
El argumento esgrimido desde la Casa Blanca para activar las citadas tasas, que serán del cien por cien, viene de que se considera que la tasa francesa es discriminatoria y está dirigida a afectar a empresas particularmente estadounidenses como Google, Facebook o Amazon.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda replican que "se trata de un impuesto que no es discriminatorio por países, sino que responde a criterios objetivos como son los de carácter económico", tales como que las empresas gravadas tengan una facturación superior a 750 millones de euros a nivel mundial, que es como está diseñado el impuesto español. "Es decir, que puede afectar a multinacionales de diversas nacionalidades" y no solo las radicadas en suelo estadounidense.
Además, España participa de forma activa en las reuniones internacionales para que este tributo sea consensuado a nivel global. En este sentido, desde el departamento ministerial recuerdan: "siempre hemos señalado que hay sectores de actividad que no están bien reflejados en el sistema fiscal actual. Por ese motivo defendemos la implantación de una tasa digital en línea con la propuesta de la Comisión Europea".
También indican que la tasa española, cuando se apruebe, se adaptará a imagen y semejanza al marco fiscal que a día de hoy se está debatiendo en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos?(OCDE). Una serie de reuniones internacionales en las que "España participa de forma activa para que esta tasa sea consensuada a nivel global".
¿Acuerdo roto?
Este asunto pareció solucionarse durante la pasada reunión del G-7, celebrada este verano en Biarritz. En ella, Francia y EEUU llegaron a un acuerdo sobre la tasa que el Gobierno de París había impuesto a las grandes empresas tecnológicas, de manera que el sistema impositivo galo será revisado en 2020 y retirado cuando existiera un impuesto internacional a estas empresas. De ahí que, con la implicación activa de Washington, se decidiera impulsar un acuerdo global para gravar a las grandes multinacionales tecnológicas.
Se trató de una solución que gustó, y mucho, en Moncloa. Sentaba un precedente que permitía que el tributo se extendiera al resto de los países sin temor a las contramedidas de Donald Trump. De hecho, por entonces existía el planteamiento de darle una vuelta a la tasa Google patria, para hacerla todavía más parecida a la fórmula gala.
Medidas fiscales
La tasa Google es una de las principales apuestas del Gobierno socialista dentro de su estrategia para adaptar la fiscalidad española al siglo XXI y a los entornos digitales, encontrándose en el foco de esta iniciativa también las grandes empresas de la economía colaborativa surgidas los últimos años tales como Airbnb y Uber.
De hecho, el impuesto -que impactaría en las empresas con ingresos anuales mundiales de al menos 750 millones de euros e ingresos en España superiores a 3 millones-está incluida en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, aspirantes a formar un gobierno de coalición. Una medida con la que el Ejecutivo español espera recaudar unos 1.200 millones de euros anuales.
