El primer Consejo de Ministros que el nuevo Gobierno celebra los martes terminó con la aprobación de la nueva subida salarial para los funcionarios. Era una medida descontada, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez barajaba desde finales del año pasado, pese a retrasarla en diciembre. Finalmente se ha concretado en un avance del 2% desde febrero con efecto retroactivo a enero.
Esos dos puntos porcentuales constituyen un avance notablemente superior al que muestra la inflación, cuyo dato más reciente, relativo a diciembre, se situó en el 0,8% interanual. Por ello, el coste de la subida salarial para los funcionarios va a ser cuantioso: 3.264 millones de euros.
Se añade así más presión a un capítulo, el relativo a las plantillas de las Administraciones que está subiendo a gran velocidad. Los datos más recientes revelan cómo esta partida crece, entre enero y julio pasados, en el caso del Estado un 6,8%, mientras en las autonomías el avance escala hasta el 6,2%. En 2018, los crecimientos eran mucho más moderados: 2,3% en lo que respecta a la Administración central y 3,2% en los Gobierno regionales.
Los actuales números, por tanto, ponen de manifiesto que el gasto corriente en personal del sector público se ve presionado por no sólo por las alzas salariales, sino también por la incorporación de más personal, gracias a la reactivación de las convocatorias de oposiciones.
A todo ello hay que sumar otros aspectos que están alimentando todavía más el gasto público, como son el alza de las pensiones del 0,9% para este año, limitar los copagos sanitarios y extender la cobertura del subsidio de parados de larga duración mayores de 50 años. En estas circunstancias, es lógico que Bruselas desconfíe de los propósitos del Gobierno de cumplir con los objetivos presupuestarios para los próximos años y se resista a renegociar la actual senda de reducción del déficit hasta contar con un proyecto de Presupuestos que contenga unas perspectivas fiables de ingresos y gastos.
