Economía

El Estado infla los salarios públicos más que las CCAA de cara a las elecciones

  • La inversión en sueldos del Gobierno crece un 6,8% a unos meses de repetir comicios
  • Cuando acabe 2019, el gasto público total en esta partida supondrá un 10,7% del PIB nacional
María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
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Sin lugar a dudas, 2019 está siendo el año más electoral de la historia de la democracia española. A las elecciones generales de abril se sumaron las elecciones autonómicas, locales y europeas de mayo y, ahora, la repetición electoral de noviembre, que se celebra en dos semanas. Una serie de citas electorales que han tenido su impacto en el gasto en salarios de las Administraciones Públicas, que ha sufrido un incremento notable en todas las órganos. Sin embargo, llama la atención cómo, con el 10-N en ciernes, el gasto en sueldos públicos ha crecido más en el Estado, casi un 7%, que en las comunidades autónomas, donde se ha quedado en un 6,2%.

Así lo indican los últimos datos de gasto público en Contabilidad Nacional, que datan de julio, mes en el que fracasó la primera y única intentona de investidura de Pedro Sánchez en esta corta legislatura. Hasta entonces, el gasto del Estado, bajo el control del Gobierno de Pedro Sánchez, en remuneración de asalariados había crecido hasta los 10.816 millones de euros, un 6,8% más que el año pasado a esas alturas, y muy por encima, por cierto, de la media del alza del gasto estatal, de un 1,5%. Es la tercera partida que más crece, solo por detrás de rúbricas de Prestaciones Sociales distintas a las transferencias en especie y Resto de empleos.

La subida mínima que llevará a cabo el Gobierno sobre los salarios de los trabajadores públicos en el próximo año es de 2,25%

Según el correspondiente informe del Ministerio de Hacienda, el incremento recoge tanto la subida salarial del 2,25% desde enero de 2019, mas un 0,25 adicional desde julio, como la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los cuerpos policiales autonómicos, que hasta julio ha sumado 295 millones. "No obstante, la comparación con el año anterior no es totalmente homogénea, ya que la actualización salarial contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de aquel año se hizo efectiva, principalmente, en agosto", alerta el texto.

En cambio, en el caso de las comunidades autónomas, el crecimiento del gasto en los salarios públicos está más atenuado. Se queda en los 46.261 millones, en la media del incremento del gasto autonómico general del 6,2%. Esta es la lectura general, pero un análisis región por región permite ver que hay varias que superan con mucho dicha media. Es el caso, sobre todo, de País Vasco y Extremadura, regiones en las que las alzas del gasto público en salarios han superado el 11%.

Planes para 2020

Y los incrementos salariales de empleados públicos y funcionarios continuarán en 2020, tal y como desveló el Gobierno en el Proyecto Presupuestario para 2020 que se envió a la Comisión Europea recientemente. En él destacaba el compromiso del Gobierno de acometer una nueva subida de sueldo del colectivo público el próximo año, además de confirmar su intención de subir las pensiones.

La susodicha alza proviene, igual que la de este año y la de 2018, del acuerdo al que llegaron los sindicatos y el Gobierno de Mariano Rajoy en su momento. Se tratará del tercer año de cumplimiento de dicho pacto que para 2020 contempla una subida salarial fija del 2%, más un variable en función del PIB. El alza afecta a unos 2,5 millones de funcionarios y su coste podría ser hasta de 4.575 millones.

El Gobierno estima que va a aumentar un 4,4% el gasto en remuneraciones por parte de las Administraciones Públicas en este 2019

De esta manera, el Gobierno prevé que la remuneración de asalariados de las Administraciones Públicas en total crezca a final de año un 4,4% interanual hasta alcanzar el 10,7% del PIB, una décima más que en 2018, "motivado fundamentalmente por el comportamiento observado en las Administraciones Territoriales durante el primer semestre, que crecen por encima de las previsiones iniciales", explica el Ejecutivo en el documento enviado a Bruselas.

Para 2020 se prevé que el gasto en salarios públicos se mantenga estable en el 10,7% del PIB, "como resultado de aplicar la subida fija prevista en el citado Acuerdo Sindical". La pregunta ahora es cómo se va a ejecutar esa subida. Por lo pronto, el Gobierno admite que en funciones no podrá activar el alza salarial.

El RDL no sería posible

De hecho, el ministro de Política Territorial y Función Pública en funciones, Luis Planas, afirmó esta semana, tras reunirse con representantes de CC.OO., UGT y CSIF, que no ve posible aprobar un real decreto-ley (RDL) en la actual situación de interinidad del Ejecutivo para actualizar los salarios de los empleados públicos, si bien señaló que estudiará los mecanismos a disposición para ello.

Planas avisa de que la subida salarial no se podría aprobar con el Gobierno en funciones

"Este es un Gobierno en funciones y un Gobierno en funciones tiene unas posibilidades de actuación, pero también unas limitaciones legales", señaló Planas antes de asegurar que "un Gobierno en funciones no tiene la capacidad de aprobar un decreto ley que incremente los salarios con carácter anterior al 31 de diciembre". Aunque cabe recordar que algo parecido argumentaba el Gobierno para no aprobar un RDL que permitiera pagar a las CCAA las entregas a cuenta de 2019 pendientes, y al final sí que fue posible dar luz verde a esta operación.

Con todo, Planas no llegó a descartar otra fórmula para poder aprobarlo, pues aseguró que el Gobierno estudiará "los mecanismos que puedan existir". "A primera vista, un Gobierno en funciones no es un Gobierno que se pueda comprometer desde el punto de vista jurídica y presupuestariamente en esas condiciones. Tendremos que verlo en función de la evolución y de la situación y del calendario político", dijo.

En cambio, los trabajadores públicos no lo ven igual. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido que se garantice por decreto "la subida salarial para 2020, a partir del 1 de enero, para que las nóminas de los empleados públicos no se vean afectadas por el retraso en la formación de Gobierno. De lo contrario, CSIF llevará a cabo movilizaciones".

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