Nuevo revés al culebrón del anticipo de las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas por parte del Gobierno. Después de que Pedro Sánchez anunciara esta semana el anticipo de los fondos -4.500 millones de euros- antes del 10-N, el viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo que parecía una certeza acabó convirtiéndose de repente en una incertidumbre, al escuchar las declaraciones de Isabel Celáa.
En efecto, la portavoz del Ejecutivo relató que el equipo de Sánchez todavía está "trabajando en encontrar la fórmula" legal que permita que un Gobierno en funciones apruebe el anticipo de las entregas a cuenta. Es decir, que en estos momentos, el Ejecutivo no dispone de ella. Así, en respuesta a los medios, Celáa solo alcanzó a explicó que tiene "la confianza de que esto pueda ocurrir antes del 10-N", una actuación que todas las administraciones dieron por hecho desde que oyeron a Pedro Sánchez en el mitin del Partido Socialista en Valencia, este pasado miércoles.
Tercer cambio de criterio
El cambio de pauta coincide con la revelación que hacía este viernes El Mundo, donde demuestra que el Ministerio de Hacienda ha ido contestando a los distintos consejeros autonómicos, y en sus carta ha rubricado que "la actual situación de un Gobierno en funciones impone importantes restricciones a la instrumentación jurídica de una medida de esta naturaleza".
Lo cierto es que Hacienda -a quien ha consultado elEconomista- ha mantenido que trabaja por encontrar la fórmula legal, y que es posible que se dé con ella antes del 15 de diciembre. Pero nunca llegó a afirmar que esa circunstancia se daría antes de las próximas elecciones del 10-N. De hecho, para sostener su tesis, Hacienda pidió un informe exprés a la Abogacía del Estado, en cuyos párrafos se observaba que "no puede dudarse de que un Gobierno en funciones al modificar el importe de las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas establece nuevas orientaciones políticas, comprometiendo, condicionando o impidiendo las que puede adoptar el nuevo Gobierno, por lo que dicha actuación excedería del despacho ordinarios de los asuntos".
La reforma de la financiación autonómica, que parecía una urgencia, se ha transformado en una reflexión a largo plazo
Pero igual que mantiene esto el informe de la Abogacía del Estado, en su quinto fundamento jurídico añade que un Gobierno en funciones no podrá exceder su gestión de despacho ordinario, "salvo casos de urgencia debidamente acreditado, por razones de interés general, cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".
En este mar de la confusión en el que se viene moviendo el Gobierno con la polémica del anticipo de las entregas a cuenta, el presidente del Gobierno en funciones, y candidato socialista a la Presidencia, utilizó las entregas a cuenta para presionar al resto de formaciones políticas para que, en el tiempo de la negociación con las fuerzas políticas, desbloquearán su investidura con una abstención, un hecho que propiciaría que un nuevo Gobierno tuviera las manos libres para dar carpetazo al asunto de las entregas a cuenta a las administraciones regionales y locales.
De lo que no se esconde Pedro Sánchez ahora es de su corregida posición sobre la reforma de la financiación autonómica. Lo que parecía una urgencia, se ha transformado en una reflexión a largo plazo. La prueba fueron sus manifestaciones del mitin de Valencia, donde planteó dicha reforma como un proceso de larga reflexión a materializar "en los próximos cuatro años", sin ninguna prisa.
Falta de anticipación
El presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, considera que el anuncio de Sánchez es "bienvenido", pero lamenta que las entregas a cuenta de las regiones "habría que tenerlas previstas y solucionadas". "Se tenía que haber hecho antes y hubiéramos ahorrado retrasos en el pago" a los proveedores.
