El adelanto de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas podría ser una realidad inmediata. Tanto la Abogacía del Estado como la propia Ley Orgánica de Financiación Autonómica abren dos vías legales a esa posibilidad, lo que contradice la posición que hasta ahora ha mantenido María Jesús Montero, para quien el principal obstáculo es que un Gobierno en funciones no puede aprobar ese adelanto.
La propia Abogacía rebate la opinión de la ministra, mostrando un camino: plantear un decreto-ley cuando existen razones de interés general justificadas. Por otro lado, la LOFCA apunta que solo con el anteproyecto de los Presupuestos del Estado se hubieran podido actualizar las entregas, porque es ahí donde se determina el importe que se les adeuda a las administraciones.
Entre tanto, el Ministerio de Hacienda sigue sin desvelar cómo hará posible que un Gobierno en funciones habilite los 4.500 millones que le adeuda a las comunidades, antes del 15 de diciembre. De hecho, en el documento expedido por los servicios jurídicos el 27 de agosto de 2019, al que ha tenido acceso elEconomista, se concluye que "por exceder del despacho ordinario de asuntos públicos, un gobierno en funciones no podría actualizar el importe de las entrega a cuenta a realizar a las comunidades".
Pero no todo lo que recoge el informe es un portazo al derecho de las autonomías. Entre los fundamentos jurídicos -en el punto tres, y de acuerdo con la Ley 50/1997, del 27 de noviembre- se sustancia que "el Gobierno en funciones podría modificar el despacho ordinario de los asuntos públicos en casos de urgencia debidamente acreditados, o por razones de interés general, cuya acreditación expresa así lo justifique". Claro está, vía decreto-ley.
Hacienda sostiene que el problema reside solo en la mera circunstancia de "estar en funciones"
Y es en ese resquicio legal donde se apoyan las comunidades regidas por el PP y Ciudadanos. Incluso el PSOE, como ocurre en Castilla-La Mancha, aprobaba el 5 de septiembre una declaración política para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a "desbloquear de manera inmediata las entregas a cuenta".
A estas alturas, Hacienda sostiene que el problema de los 4.500 millones que debe desde julio no reside en que las entregas a cuenta estén ligadas a los Presupuestos, sino en la mera circunstancia de "estar en funciones".
Así, dando un paso más, el 7 de agosto, María Jesús Montero, admitía que su propósito es desligar las entregas de las Cuentas Públicas.
En funciones, pero no en todo
Y mientras se acomete este cambio de guión, el Ejecutivo se encuentra en el mismo punto de partida en el que lo dejó el 4 de marzo de 2019, la jornada en la que España regresaba de nuevo a la casilla de un Gobierno en funciones. La gran paradoja es que Montero tuvo en sus manos, entonces, la herramienta para revertir este escenario. Porque, según recoge la LOFCA -la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades-, en su apartado de suficiencia dinámica, "la determinación del importe de las entregas a cuenta debe quedar recogido en el anteproyecto de Ley de Presupuestos". "Pero la ministra no hizo los deberes. Debió pensar que el PSOE iba a ganar las elecciones. Y no hizo nada", señala un político experto.
En respuesta a Montero, en carta cursada el 2 de septiembre, el consejero de la Junta de Andalucía Juan Bravo recuerda dos aspectos: por un lado que, si estar en funciones es un impedimento, por qué el Gobierno envió el 30 de abril a Europa la actualización del Programa de Estabilidad de 2019-2022, con el aval de la AIReF. Y, por otro, que existe un principio de lealtad institucional (artículo 9 de Ley de Estabilidad Presupuestaria), donde dice que dicha lealtad "debe irradiar en cualquier decisión que se adopte sobre ingresos de las CCAA, más si cabe cuando afectan al mecanismo de las entregas a cuenta, que suponen un grueso del presupuesto de ingresos de las autonomías".
