Madrid
El desacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para pactar el apoyo de los morados a la investidura de Pedro Sánchez complica todavía más la situación financiera de las comunidades autónomas. Los desencuentros entre el socialista y Pablo Iglesias abocan a España, de forma casi definitiva, a unas elecciones que se celebrarían el próximo 10 de noviembre y que alargarán que el Gobierno esté en funciones, salvo milagro político, hasta 2020. Si es así, las regiones no cobrarán los 4.500 millones correspondientes al incremento de las entregas a cuenta o adelantos fiscales, que deberían haber recibido ya, hasta 2021.
Así lo indican fuentes del Ministerio de Hacienda, que explican que el aumento de las entregas a cuenta no se podría abonar en 2020, puesto que, al ser adelantos presupuestarios previstos por la recaudación 2019, caducarían, por así decirlo.
De esta manera, las regiones no cobrarían los 4.500 millones citados hasta 2021, año en el que se les abonaría y liquidaría la recaudación correspondiente al presente 2019, que incluiría las entregas a cuenta restantes ya integradas como parte de los ingresos impositivos.
Abogacía del Estado
Cabe recordar que si esta situación se da es porque la Abogacía del Estado ha dictaminado que un Gobierno en funciones no puede abonar estas cantidades. Considera que esta acción está fuera del "despacho ordinario de asuntos" que sí puede hacer un Ejecutivo en una situación de transitoriedad como la actual, puesto que por su "fuerte trascendencia cuantitativa y cualitativa es subsumible" de ser un instrumento de "orientación política" dado que con esta medida se podría "condicionar la actuación de un nuevo Gobierno".
Sin embargo, desde Hacienda aseguran que son conscientes de que las autonomías necesitan liquidez hoy, no dentro de dos años. Por ello insisten en que están trabajando en una solución para solventar esta situación de impagos antes de que acabe 2019, aunque también han indicado que todavía no tienen ninguna.
Además, cabe recordar que esto solo supondría solventar parte del problema. Los 2.500 millones de IVA que las regiones tendrían que haber cobrado este año -y que están bloqueados por un cambio en el sistema contable de este impuesto ejecutado en 2017- y otros abonos que dependían de aprobar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado -como, por ejemplo, la participación de la Administración Central en el Consorcio de Transportes de Madrid- no tienen solución.
Sin embargo, fuentes fiscales consultadas por elEconomista consideran que las propias elecciones y la imposibilidad de que se forme Gobierno en lo que queda de año abren la puerta a que surja un remedio. En este sentido, aseguran que concurrirían las circunstancias de extraordinaria urgencia que habilitan a un Ejecutivo en funciones a aprobar un real decreto-ley (RDL).
Informe de la Xunta
Esta es una de las soluciones a las que alude el informe elaborado por la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia, al que ha tenido acceso este periódico y en el que se rebaten los argumentos de la Abogacía del Estado. En él, se alude a los conceptos "urgencia" e "interés general" como condiciones que ya se dan y que permitirían la aprobación de un RDL que permita entregar los susodichos adelantos.
Pero... ¿Y si ya hubiera prevista una solución para antes de que acabe el año? Así lo da a entender la documentación sobre la evolución del déficit autonómico que hizo pública el viernes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en la que se apunta que la "regularización" de las entregas a cuenta se produciría en el mes de diciembre. Consultados sobre esta cuestión, desde el ente responden: "Solo recogemos lo que dice el Gobierno".
Respecto a esta cuestión, desde Hacienda se mantienen en sus trece. Están trabajando en solventar el problema, pero no tienen, a día de hoy, solución a la vista.
