Economía

La realidad de las rentas mínimas: son más generosas en las CCAA más ricas y no perjudican la vuelta al empleo

  • Hay grandes diferencias entre los diferentes programas vigentes
Imagen: Getty.

En los últimos años, las llamadas rentas mínimas han entrado de lleno en el debate político de España y todo apunta a que lo seguirá haciendo en los próximos años. En un contexto en el que parte de la población había agotado las prestaciones por desempleo, algunas CCAA empezaron a ofrecer una protección "generalista" a hogares de muy bajos ingresos, aunque con una cobertura efectiva muy desigual.

Según un estudio de Ana Arriba González de Durana y Manuel Aguilar Hendrickson, recogido en 'Panorama Social', de Funcas, las elecciones autonómicas de 2015 supusieron un impulso a estas políticas, con reformas "orientadas a mejorar su eficacia y calidad protectoras ampliando la garantía de acceso, rebajando la condicionalidad o compatibilizando la prestación con otros ingresos o prestaciones".

No obstante, aunque las rentas mínimas hayan entrado en la agenda política (varios programas electorales a las generales de abril recogían propuestas relacionadas con ellas), de momento no se ha tomado ninguna medida a nivel de administración central.

Recuerda en la misma revista María Dolores Valdueza que en España la mayoría de estas rentas básicas son "condicionadas", lo que significa que se "exige el cumplimiento de una serie de presupuestos, siendo el principal la prueba de recursos económicos y, además, habitualmente, la suscripción de un plan individual de inserción".

"Todas ellas pueden denominarse con el término general garantías de ingresos mínimos (GIM)", aunque las diferencias existentes tanto a escala normativa como de aplicación son muy relevantes. La autora señala que "cada autonomía regula cómo se determina y computa la carencia de recursos, así como la cuantía de la prestación económica y su proyección en el tiempo", de ahí las grandes diferencias entre unas y otras CCAA.

Navarra y País Vasco, a la cabeza 

No obstante, esta diversidad da lugar a una situación aparentemente contraintuitiva y es que las comunidades con mayores niveles de paro y de pobreza no son las que tienen una "GIM más protectora". Al contrario, destaca Valdueza, "no sucede así, y son las regiones con menores índices de pobreza y desempleo las que proporcionan unas GIM más generosas", como es el caso de Navarra y País Vasco.

Además de estas diferencias de cobertura también hay otras diferencias. Por un lado, las que cabe denominar de carácter simple (como por ejemplo, Asturias y Madrid), "que comprenden una prestación económica por razón del número de miembros de la unidad de convivencia; y, por otro, las de carácter complejo (Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia), que agregan otros parámetros". También se aprecian disparidades respecto de los indicadores adoptados como referencia, que unos casos son el SMI o en otros el IPREM. Cataluña, por su parte, cuenta con su propio indicador.

La autora destaca también que "más significativas son las divergencias que se observan en lo que atañe a la propia duración de las GIM, entre las que se hallan las de duración indefinida (como, por ejemplo, País Vasco, Comunidad Valenciana), las de duración determinada (Extremadura y Murcia) y aquellas que, aunque se diseñan con un límite temporal, pueden contemplar supuestos de renovación que, de hecho, las convierten en ilimitadas en el tiempo (por citar algunas, Aragón y Navarra)".

Sin efecto sobre el regreso al mercado laboral

Además, otro artículo de Luis Miguel Miller en 'Panorama Social' indica que las evaluaciones del impacto de las rentas mínimas tienen un efecto positivo en la reducción de la pobreza y tienen "nulo o escaso efecto negativo en la inserción laboral", es decir, no retrasan la reincorporación al mercado laboral por parte de sus beneficiarios.

Por el momento, estos programas de rentas mínimas no han salido del ámbito autonómico, aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propuso la creación de una ayuda estatal que pudiera ser compatible con un empleo. Según sus cálculos, podrían alcanzarse 1,8 millones de beneficiarios.

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