La implementación de un sistema de detección y seguimiento a los contactos de enfermos de covid-19 fue una de las condiciones irrenunciables para forjar la desescalada pandémica. Y los rastreadores, sus protagonistas estrella. Sin embargo, durante tres meses, Madrid se sumió en una plácida siesta de la que ha despertado con convulsiones. Sus cifras de contagios se han multiplicado en las dos últimas semanas y su número de rastreadores continúa muy por debajo de las recomendaciones internacionales. En este escenario, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha lanzado a una carrera febril por incorporar profesionales gratis sea como sea. Y pese a todos los esfuerzos que puedan realizarse en este extraño despertar, el reglamento de la OMS para la gestión de epidemias es cristalino: el rastreo no es efectivo en la nueva fase en la que está sumida la región -y otros territorios del país- y que las autoridades se niegan a reconocer. | EN DIRECTO: Todos los detalles sobre la evolución de la pandemia de coronavirus
La primera semana de mayo el Ministerio de Sanidad publicaba un documento titulado "Cuadro de criterios para el cambio de fase", enmarcado en el plan de transición hacia la 'nueva normalidad'. ¿Recuerdan esa época? Estrenábamos entonces los paseos en franjas horarias concretas, seguíamos evitando las compras en locales físicos y el estado de alarma constreñía nuestros movimientos a las actividades esenciales.
En la cúpula de Sanidad y, en concreto, en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se fraguaba en esa época un plan de desconfinamiento progresivo por territorios que debía obedecer rigurosamente a parámetros epidemiológicos. Este documento estableció tres criterios básicos para avanzar en las distintas fases de la desescalada: el grado de transmisión del coronavirus en un territorio concreto, la ocupación de camas en centros sanitarios y la capacidad de detección y respuesta ante los contagios. Este último punto incluye la implementación de un sistema de vigilancia, protocolo y recursos para el seguimiento de los contactos de una persona contagiada del SARS-CoV-2. Es decir, el famoso rastreo.
En el mes de mayo, los rastreadores pasaron a eclipsar al virus originado en Wuhan como auténticos protagonistas de la era pandémica. De ellos dependería el éxito de la desescalada y la nueva apertura de la vida económica y social tras el estado de alarma. Las comunidades autónomas serían las responsables de articular estas unidades de detección en sus hospitales y servicios de Atención Primaria y de establecer sus propios protocolos. Equipos de enfermería vírgenes en esta función epidemiológica importada de países asiáticos se pusieron manos a la obra siguiendo las recomendaciones de expertos a nivel nacional e internacional.
La Organización Mundial de la Salud fue cristalina en sus consignas para romper la cadena de contagios: "Test, track and trace". Hacer test, localizar a los positivos y rastrear a sus contactos para dar con casos asintomáticos o leves. La Universidad John Hopkins, erigida en referente durante la pandemia, realizó una recomendación práctica para implementar el rastreo, estableciendo una cifra de 30 profesionales por cada 100.000 habitantes. China ha logrado mantener a raya las infecciones utilizando 81 rastreadores por cada 100.000 personas. La UE, a través del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, concretó en un mínimo de un rastreador por 5.500 habitantes. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, rehusó marcar ratios y dejó la patata caliente a la voluntad de cada autonomía.
Desde hace una semana, Madrid cuenta con 380 profesionales dedicados al seguimiento de contactos. Es decir, un rastreador por cada 17.600 habitantes. Hace una semana sólo había 182 rastreadores: uno por cada 36.800
La voluntad de Madrid, en este caso, se redujo a dormir una plácida siesta, pese a las promesas del Gobierno de Díaz Ayuso. A mediados de mayo, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, sacaba pecho acerca de que esta región, una de las más golpeadas por la pandemia, cumplía todos los requisitos para el cambio a la fase 1 de desescalada y anunciaba la contratación de 400 rastreadores, reprochando al Gobierno central su negativa a permitir un avance en el desconfinamiento. Tres meses después, y únicamente desde hace una semana, Madrid cuenta con 380 profesionales dedicados al seguimiento de contactos. Es decir, un rastreador por cada 17.600 habitantes. Hace una semana sólo había 182 rastreadores en Madrid: uno por cada 36.800.
Esta ínfima capacidad de rastreo también se refleja en el porcentaje de enfermos asintomáticos detectados, que es la clave para frenar el covid-19. Si en España se está detectando una media de un 60% de casos sin síntomas de la enfermedad, en Madrid no se alcanza el 8%. Es decir, en esta región se están 'colando' decenas de potenciales contagiadores del patógeno, convirtiendo la propagación en una estela invisible y fuera de control.
Rastreadores improvisados entre funcionarios y universitarios
La multiplicación de contagios de la última semana de julio despertó del letargo a los responsables de la Sanidad madrileña. Su reacción ha cristalizado en dos estrategias muy controvertidas que no apoyan los expertos en Salud Pública y que implican una carrera desesperada por incorporar a rastreadores gratis cuando la incidencia acumulada de contagios de coronavirus por 100.000 habitantes ya alcanza el 'top 5' del país en la última semana.
¿Y quiénes serán estos rastreadores gratis a los que llama Madrid? Por una parte, los funcionarios de los ayuntamientos de los municipios de la región, que, de modo voluntario, podrán servir como "medida de refuerzo" para dedicarse al seguimiento de casos. La orden que abre esta posibilidad fue publicada en el BOCM el pasado 30 de julio y, a día de hoy, los consistorios siguen sin detalles ni información sobre cómo sus funcionarios podrían ser útiles a este fin.
Por otra parte, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, a petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, convocó el pasado 3 de agosto a todos aquellos graduados y licenciados de carreras relacionadas con Ciencias de la Salud, Psicología y Trabajo Social para "participar voluntariamente como rastreadores de contactos estrechos del covid-19" en Madrid. Sin una remuneración ni tampoco un convenio suscrito con la institución universitaria que regule tal colaboración.
A fecha de hoy se han recibido medio millar de currículos, pero estudiantes y representantes de la esfera universitaria, incluida la propia Facultad de Trabajo Social, han criticado duramente una medida que busca ahorrarse contratos de profesionales que ejercen una actividad laboral.
La justificación que se ha dado para estas estrategias improvisadas tres meses después de la 'siesta' madrileña remite al aumento explosivo de los casos de contagios, que ya se había materializado semanas antes en territorios como Cataluña o Aragón, donde existe transmisión comunitaria. Las cifras de Madrid conducen a la misma realidad, con 3.087 nuevos casos de enfermos diagnosticados en la última semana.
¿Sirve ya el rastreo para algo?
La fiebre de último minuto por incorporar rastreadores para frenar la epidemia encarna una nueva contradicción en la gestión de Madrid debido a que esta tarea, según los reglamentos epidemiológicos de la OMS, ya no es efectiva más allá de una fase muy inicial en los contagios. El documento marco "Detección temprana, evaluación y respuesta ante eventos agudos de salud pública" establece la necesidad de refuerzos en los equipos de vigilancia en escenarios de brote o rebrote, pero no en fases explosivas de una epidemia. "Los rastreadores no son ya la solución", admiten a elEconomista fuentes de la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Nunca han sido usados rastreadores en esta fase pandémica, por lo que resulta completamente desconocido el número de profesionales que se requerirían para que su tarea diera frutos. Los referentes internacionales que nunca implementó Madrid, en todo caso, tampoco valdrían ya al estar vinculados a fases de brotes controlados.
En el punto de los brotes radica el siguiente problema, lo que ningún representante público se atreve a decir. Si la definición epidemiológica de un brote alude a la "aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y un momento determinado", es sencillo concluir que España no está en fase de brotes, sino que ha vuelto a un estadío de epidemia. La epidemia remite a "la propagación de la enfermedad cuando el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo". Es decir, existe transmisión comunitaria, que implica que el origen de los contagios ya no puede ser rastreado. Eso es justo lo que sucede en muchas zonas del país, incluido Madrid.
Pese a esto, el Gobierno y los ejecutivos autonómicos, incluso los informes del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, evitan abandonar el término 'brote', en una estrategia que parece orientada a negar el fracaso en la gestión de la pandemia de coronavirus en la 'nueva normalidad'. Las fuentes de Atención Primaria consultadas van más allá, y denuncian que se está produciendo una "negación de la epidemia" para evitar tomar medidas y decisiones difíciles que transciendan los confinamientos voluntarios puestos en marcha en Cataluña y Aragón con resultados poco efectivos.
Un nuevo encierro en España sería letal para la economía. Si ya el PIB ha experimentado una caída histórica del 18,5% en el segundo trimestre -líder en la tabla europea debido a su alta dependencia del sector del turismo y los servicios- los augurios en un escenario de nuevo estado de alarma conducirían a una mayor devastación de la riqueza. Es justo en este frágil equilibrio entre seguridad sanitaria y economía donde parece que radica -y que se ha roto- todo.
