Desde que decayó el Estado de Alarma las cifras de la pandemia están empeorando día a día. El Ministerio de Sanidad quiere que los brotes se atajen rápido para evitar llegar al Estado de Alarma. Ante esa intención, han diseñado una estrategia (que deben respaldar ahora las comunidades autónomas) bajo el nombre 'Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19', donde además, también se especifica los recursos de los que debe disponer cada comunidad autónoma para la detección precoz de los casos.
Con el paradigma de Lérida como ejemplo más concreto, el Ministerio descarta actuar tanto en este caso como en otros similares. "El rol principal lo tienen las comunidades autónomas porque tienen instrumentos para hacer confinamientos y el Ministerio está para ayudar", señala el ministro Salvador Illa.
Illa no ha querido evaluar el auto del juez, pero Fernando Simón, que le acompañó durante la presentación del plan, explicó que hay otros métodos para luchar contra los brotes. "Existen alternativas, como cierre de locales, restricciones de aforos, actuar en instalaciones como las piscinas... Lo cierto es que hay que tomar más medidas en Lérida", afirmó. Con todo, el ministro ha reiterado que existen fórmulas para regatear la decisión del juez.
Categorización de los brotes
El Plan presentado por el Gobierno establece tres escalones de decisión. El primero ellos, cuando un brote afecta solo a una comunidad autónoma, será la propia región la que deba atajarlo. Eso sí, si se observa pasividad, el Gobierno intervendría. En el segundo nivel, cuando un brote traspasa los límites de una comunidad y afecta a una segunda (o más), el Gobierno convocaría al Consejo Interterritorial y se establecerían una serie de normas que serían de obligado cumplimiento. En este caso, la gestión de cómo adoptar las medidas no sería de las comunidades, sino que tendrían que aplicar lo acordado en el Interterritorial. El tercer y último escalón sería el Estado de Alarma y regresar a la casilla del 14 de marzo.
Junto a este papel organizativo, también existen una serie de medidas que se deben cumplir según la gravedad del brote. En un escenario sin transmisión comunitaria las acciones que se emprendan deben garantizar las capacidades asistenciales y de salud pública. Además, se ha de implementar las medidas de prevención y protección colectiva e identificar a los proveedores de recursos estratégicos. También se deben producir controles en puertos, aeropuertos y fronteras.
En el caso de que el brote sea más complejo, como el de Lérida, además de lo anterior, se podría producir una redistribución de capacidades asistenciales entre comunidades autónomas y la distribución y reposición de recursos estratégicos. Por último, si la situación se descontrola es cuando se produciría el Estado de Alarma.
Recursos humanos y material suficiente
Dentro del Plan, el ministerio propone una serie de requisitos que las comunidades deben cumplir de cara a poder frenar brotes, y que en la actualidad no todas cumplen, como se ha demostrado. Entre las más determinantes están las enfocadas a la respuesta temprana, donde las comunidades deberán responder con detección precoz y sistemas de información adecuados. Esto implica material (PCR) y, sobre todo, un refuerzo de los recursos humanos, sobre todo en Atención Primaria. Además, las comunidades deben asegurar la capacidad de laboratorio ante el posible aumento de la demanda diagnóstica, priorizando la inversión en nuevas técnicas diagnósticas.
Otra de las prerrogativas que deben cumplir las comunidades autónomas es el de tener una reserva estratégica adecuada para hacer frente a una segunda oleada de la pandemia. Todas deben tener un stock suficiente como para abastecer durante dos meses a un nivel de pico de la enfermedad. Además, el Ministerio dispone de una reserva que contiene el 25% del material consumido en España durante lo peor de la curva epidémica.
Hoy por hoy, la capacidad de diagnóstico, a nivel de España, está en torno al 40% de los casos existentes. Los niveles son muy superiores a los de marzo, por lo que el Ministerio no cree que se esté viviendo una situción como la que llevó a decretar el Estado de Alarma. "Antes diagnosticábamos lo que había ocurrido hace 15 días, ahora lo hacemos a las 24 horas. Prueba de ello es el brote de Lérida: el 70% de los diagnósticados son asintomáticos, es decir, los tenemos controlados antes de que desarrollen síntomas y podemos controlarlos; antes no era así", reconoce Simón.
Las comunidades también deben asegurar una capacidad asistencial para casos que necesiten hospitalización Según el Plan, deben disponer de una capacidad suficiente de camas de agudos y de cuidados críticos con capacidad de respiración mecánica invasiva: entre 1,5 y 2 camas de cuidados críticos por cada 10.000 habitantes y poder instalar en un plazo máximo de cinco días entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. Además, se debe contar también con el personal necesario para la atención domiciliaria para enfermos confinados. Sanidad reconoce que no todas las comunidades cumplen con todos lo requisitos, pero que cada día están más cerca.