La Caixa, que controla el 40% de CaixaBank, está dispuesta a aumentar su participación ligeramente para encarrillar las negociaciones de fusión con Bankia y alcanzar hoy un acuerdo para que los consejos de administración se celebren mañana. El objetivo de este movimiento no es otro que mantener en el grupo integrado al menos un 30% de capital, condición indispensable para que se selle el pacto. En principio, con la inversión previa de un 1% de las acciones del banco catalán, equivalente a unos 120 millones de euros a precios de mercado, serviría para que se cierren las condiciones de la ecuación de canje, una operación que contaría con el visto bueno del BCE.
La semana pasada, las conversaciones se enfriaron porque el fondo público de rescate (Frob) no se movió de su posición y puso como línea roja una prima del 30% en la valoración de Bankia, lo que le otorga una participación en el campeón nacional del 16%, algo que imposibilita a La Caixa a tener ese 30%, clave para mantener la consolidación fiscal de la participación de acuerdo con la ley de Fundaciones Bancarias, que conlleva beneficios impositivos. En concreto, la Fundación tendría un 29%.
A día de hoy y desde el anuncio de las negociaciones, los inversores descuentan que la prima que tendrá que aceptar CaixaBank es del entorno al 30%. Con ello, el peso de Bankia en el grupo fusionado llega al 26%, mientras que el de la entidad de origen catalán, al 74%.
Con la adquisición de acciones se resolvería el escollo principal y no generaría ningún tipo de problema, destacan fuentes cercanas a las conversaciones, ya que La Caixa tan solo superaría unos meses una participación superior al 40% en CaixaBank. Por encima de este umbral el organismo supervisor y la normativa obligan a las fundaciones a acumular un fondo de reserva, al considerarse un nivel de control absoluto. Pero, en este caso, al ser una medida temporal el BCE va a exonerar a la Fundación que preside Isidro Fainé a crear este fondo.
A lo largo del día de hoy está previsto que los equipos negociadores de la fusión intenten acercar sus posturas y salvar todas las diferencias que hicieron saltar las alarmas a finales de la semana pasada. De hecho, estaba previsto inicialmente que los consejos de administración dieran el visto bueno a la operación el domingo.
El nuevo banco, que operará bajo la marca CaixaBank tal y como adelantó elEconomista.es, contará como primer ejecutivo al consejero delegado de la entidad catalana, Gonzalo Gortázar, y como presidente no ejecutivo o con funciones limitadas al máximo responsable de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. En el órgano rector está previsto que se siente dos, a lo sumo tres, representantes del Frob.
La intención del fondo de rescate es vender la participación con el tiempo para intentar recuperar parte de los 24.000 millones inyectados en Bankia. El plazo para la desinversión expira en diciembre de 2021, pero puede ampliarse como se ha hecho en dos ocasiones anteriores.
Ajustes
El nuevo grupo buscará elevar la rentabilidad a través de un recorte de costes sustancial. Se estima que llevará a cabo prejubilaciones y bajas incentivadas que afectarán a unos 8.000 trabajadores, unos despidos que serán afrontados con la generación de un badwill (apunte contable en la cuenta por la diferencia del valor en libros de Bankia y el precio de la operación) de más de 7.200 millones. La factura del ajuste de personal se calcula en unos 2.600 millones. El campeón nacional, asimismo, reducirá en unos 1.400 su red de oficinas.
La disminución de los gastos operativos es la única palanca con la que cuenta el sector para elevar la rentabilidad. Un retorno del capital que está a menos de la mitad de lo que exigen los inversores y que bajará como consecuencia de las elevadas provisiones que tendrán que realizar las entidades por el aumento de los impagos tras la crisis del coronavirus. Los expertos anticipan que el ratio de morosidad alcance el 12%, es decir, que se multiplique por más de dos.
