Bankia ha dado marcha atrás en su iniciativa de recortar el salario al personal afectado por el cierre de oficinas de julio, cuando clausuró 140 sucursales. La entidad ha decidido, en plenas negociaciones de fusión con CaixaBank, no aplicar el ajuste de la retribución que afectaba a una parte de los directores de estas agencias, ya que habían pasado a realizar otras funciones de menor rango.
La intención inicial de Bankia era disminuir algo la base de costes, la única palanca con la que el sector cuenta para ganar rentabilidad. Ahora, con el proyecto de integración para crear un campeón nacional, el panorama ha cambiado drásticamente y la reducción de los gastos operativos los hará en el marco de la operación. Se estima que el nuevo grupo incluya el despido de unos 8.000 trabajadores, para lo cual tendrá que rebajar la edad de las prejubilaciones y las bajas incentivadas a los 50 años.
Bankia tenía previsto llevar a cabo este ajuste de remuneración, tanto fija como variable, a varias decenas de directores de oficinas a partir de este 15 de septiembre, a las cuales les había comunicado por carta la decisión que venía motivada por la modificación de sus tareas (gestores de carteras, asesores, comerciales, etc) por el cierre de las mismas. Inicialmente iba a ser efectiva el 15 de agosto, aunque la mediación de los sindicatos provocó un aplazamiento de un mes.
La semana pasada comunicó a los representantes de la plantilla, que estaban intentando paralizar estos recortes, que dejaba sin efecto la medida. Los sindicatos venían desde julio negociando con el banco y ya estaban analizando con servicios jurídicos las posibilidades de llevar este caso a los tribunales porque, a su juicio, va en contra de el convenio sectorial y de empresa y contra el reconocimiento de los propios trabajadores.
Negociación de la integración
Mientras tanto, los equipos negociadores de la fusión intentar avanzar en las negociaciones para poder cerrar un acuerdo a lo largo de esta semana. No fue posible que Bankia y CaixaBank sellaran un pacto este fin de semana, tal y como estaba previsto, debido a las divergencias en el canje de acciones y el reparto de poderes, principalmente.
Una y otra intentan elevar su peso lo máximo posible en el nuevo grupo, que además, contará con la participación del Estado, un factor que complica las conversaciones. El erario público, a través del Frob, ostentará un 14-15% del capital, un nivel mínimo que exige el Gobierno para que la operación siga adelante. Por su parte, CaixaBank ha puesto como condición tener un 30% del nuevo grupo. Para ello, la prima que debería asumir el banco catalán sobre la valoración de Bankia previa al anuncio de las negociaciones alcanzaría el 30%. Un premio que el mercado ya tiene descontado desde entonces.
Se espera que este miércoles ambas entidades puedan acercar posiciones al respecto y los consejos de administración validen la integración. En el acuerdo se delimitarán las funciones de la cúpula, destacando las del actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que ocupará el mismo sillón pero con tareas institucionales, El primer ejecutivo de entidad, que a priori, operará con la marca Caixabank, será el consejero delegado de ésta última, Gonzalo Gortázar.
En la actualidad, Bankia está participada en un 62% por el Estado, un hecho que ha dificultado en los últimos ejercicios una operación de esta naturaleza. El Covid y los desplomes de la cotización ha posibilitado que pueda ser una realidad.
