Pedro Saura: "El Gobierno no piensa en intervenir ni en entrar en el capital de aerolíneas"

Uno de los retos que afronta el transporte en el proceso de desescalada es evitar que el incremento de la movilidad lleve aparejado un aumento de los contagios. Las mascarillas y la distancia social se han puesto en el centro del debate como las medidas estrella para acotar los riesgos pero, mientras existe un aparente consenso sobre la efectividad de las mascarillas, la restricción de la capacidad en los autobuses, aviones o trenes no tiene el mismo respaldo por el daño económico que genera y su limitado impacto.

El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, tiene igual de claro que la "distancia física" es un elemento más que hay que tener en cuenta para garantizar la seguridad sanitaria, como el fuerte daño que las restricciones a la movilidad están infligiendo a las empresas de transporte y la economía. Por ello, Saura no duda en defender el papel del Estado para "minimizar los efectos negativos de la hibernación" y de la inversión público-privada para reactivar la economía. "Necesitamos un sector público y un estado del bienestar robustos. Esto es lo que ha puesto de manifiesto la crisis. La idea del PP de incrementar el gasto público, reducir el déficit y bajar los impuestos es populismo fiscal", asegura Saura en una entrevista con este diario realizada por videoconferencia.

¿Cree que la distancia social es fundamental para garantizar la seguridad sanitaria en los aviones?

Pensamos que la distancia social, la distancia física, es un elemento más de un conjunto de medidas para dar la seguridad y certidumbre que necesitan los ciudadanos y el sector aéreo. Es una medida, pero no tenemos que olvidar, por ejemplo, el conjunto de medidas que se toman dentro de un aeropuerto, desde la limpieza, la desinfección, la reserva de áreas específicas, el uso de la tecnología para la detección automática de temperatura, el sistema de reconocimiento facial, el proceso de escalonado en el embarque, la ventilación... En definitiva, hay que plantear y aplicar un conjunto de medidas de seguridad que den certidumbre y hacerlo en armonía con la Unión Europea, ya que es muy importante garantizar al sector aéreo una homogeneidad a nivel europeo.

En el caso del transporte urbano se ha planteado un máximo de dos personas por metro cuadrado

Entonces, ¿la distancia social se va a aplicar definitivamente?

No podemos entender la distancia social de una manera aislada. Si no se toman otra serie de medidas los resultados de aplicar la distancia física o cívica, como quiera llamarla, van a ser mucho menores, y al revés. Por ejemplo, el uso de las mascarillas. Hay que verlo en su conjunto para tener una mayor seguridad y que esto sea aplicado en toda Europa de tal manera que se homogeneicen las medidas.

¿Distancia social sí, mascarillas también?

Efectivamente. Lo que pasa es que el resultado de esa medida tiene que ver con otras que se apliquen además de esa.

El sector aéreo está en contra de que se tome esta medida porque alega que no es efectiva...

Ya hemos trabajado con las autoridades sanitarias para reactivar el transporte urbano y es muy importante poner la distancia física en relación a otras medidas. No es lo mismo si los pasajeros llevan mascarilla que si no la llevan. No es lo mismo si hay trabajo previo en el aeropuerto que si no lo hay. La distancia física se tiene en cuenta en todos los medios de transporte. En todos. En el caso del transporte urbano se ha planteado un máximo de dos personas por metro cuadrado cuando van de pie porque el uso de mascarilla es obligatorio.

Hablando del transporte público, los consorcios están pidiendo partidas extraordinarias para afrontar la caída de los ingresos y el alza de los costes. ¿El Ejecutivo está preparando algún tipo de partida para compensar el impacto económico?

El Gobierno tiene muy en cuenta que el transporte es uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria porque, para que no se propague la enfermedad, ha sido clave restringir la movilidad y eso tiene un efecto sobre sus cuentas. El Gobierno está trabajando con el resto del Ejecutivo y particularmente con Hacienda en cómo se va estructurar ese fondo de 16.000 millones para las Comunidades Autónomas. Una partida importante tiene que ser destinado al transporte. Y estamos trabajando en cómo diseñarlo y, por supuesto, también con relación a las concesiones, tanto de las Autonomías como del Estado. Estamos estudiando fórmulas jurídicas para ver cómo administrar soluciones para las concesiones y el reequilibrio económico-financiero.

"Estamos objetivando la cantidad para saber qué recursos del fondo se deben destinar a transporte"

En esta huida hacia la tensión hasta límites insospechados por parte de la derecha española, en esta estrategia divisoria que me recuerda a aquellas palabras de Cristóbal Montoro (exministro de Hacienda) de que había que dejar que España se hundiera para que ellos la levantaran, lo que no cuadra es que digan que hay que incrementar el gasto público, reducir el déficit y bajar los impuestos. Me parece demagógico y populismo fiscal. Ahora necesitamos un sector público robusto y un estado de bienestar robusto. Es lo que ha puesto de manifiesto esta crisis y nos parece incompatible pedir más gasto público, que se reduzca y déficit y además bajar los impuestos.

¿Cuánto dinero tienen previsto destinar al transporte?

Estamos analizando cuáles son los incrementos del déficit que se está produciendo en este tipo de transporte. Estamos objetivando la cantidad para saber qué recursos del fondo se deben destinar.

Atuc y Confebus hablan de más de 3.300 millones...

He leído esa cantidad pero el Ministerio está trabajando en ella y es pronto para dar una cifra.

Las aerolíneas también están muy afectadas por esta crisis. ¿Se está trabajando en alguna línea de financiación específica para el sector?

El Gobierno español entiende que el sector aéreo es estratégico para la economía por su relación con el turismo y que es uno de los ámbitos más afectados. Trabajamos muy directamente con el sector, hacemos un seguimiento de cuál es su situación de liquidez y estamos siendo proactivos con el ICO para que estas líneas consigan la financiación necesaria. Hay que explorar todas las posibilidades que nos da esta línea de liquidez de 100.000 millones que el Gobierno ha puesto en marcha con avales del ICO.

¿El Gobierno contempla entrar en el capital de las aerolíneas para rescatarlas, como Alemania?

Creemos que hay que estar muy atentos a cómo marcha la situación económica y la gestión de las aerolíneas, pero el Gobierno no está pensando en intervenir ni en entrar en el capital de estas compañías.

"Estamos trabajando en un adelgazamiento de costes de Adif, Renfe, Seittsa, Aena..."

En este contexto de limitación de la movilidad se sigue avanzando en la liberalización ferroviaria. ¿Habría que replantearse el calendario?

No tiene que haber retrasos en la liberalización. Es una oportunidad para el conjunto de los ciudadanos, la economía y el sector ferroviario español en un momento en el que se espera que haya menos movilidad de largo y medio recorrido cuando pase la pandemia. La competencia es una oportunidad para ofrecer calidad y precios asequibles con unas medidas de seguridad sanitarias que den tranquilidad. No estamos pensando en ningún retraso.

¿Se van a reactivar los concursos para la compra de Cercanías?

Renfe ya está trabajando en esa reactivación. Ha habido unas semanas en las que, de acuerdo con el estado de alarma, se congeló el trámite administrativo pero me consta que Renfe ya está trabajando en reactivar el proceso porque quiere cumplir los plazos comprometidos.

Las empresas públicas también están sufriendo los efectos de esta crisis. ¿Hay algún plan del Ministerio para amortiguar el impacto?

Estamos trabajando en un adelgazamiento de costes, en una racionalización en la gestión de los recursos de estas entidades. Afecta a Renfe, a Adif, a Seittsa, a Aena... Junto a esto es muy importante el Plan de Reconstrucción europeo porque una parte muy significativa va a ir a la rehabilitación de vivienda y a la movilidad verde. Es un instrumento muy necesario para sostener la inversión pública en el futuro.

¿Cómo participará el sector privado en ese plan?

Queremos que la inversión pública no sea la variable de ajuste que ha sido en el pasado. Estamos trabajando con el sector privado porque una inversión pública distinta, un sector de la construcción distinto, que incluya más innovación, más economía verde, más pacto verde, más social en la política de vivienda, tiene un efecto tractor muy importante para la recuperación económica y ahí necesitamos la colaboración pública-privada y el Plan de Reconstrucción.

"El Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) está en una situación muy madura y va a ser una palanca muy importante"

¿Esta colaboración público-privada cómo va a instrumentarse? Tenemos experiencias recientes que no se han concretado, como el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC)...

Hemos estado trabajando con las autoridades europeas para que esa colaboración público-privada, el PIC, no llegue a incrementar el déficit público y la deuda pública. Esperamos tener resultados de manera inmediata. Si queremos una colaboración público-privada estable en el tiempo, que compense la caída de la inversión pública, necesitamos un instrumento donde el reparto del riesgo sea equilibrado.

¿En qué punto está el PIC? ¿Se compromete a sacarlo adelante? ¿Cuándo arrancará?

Está en una situación muy madura para que sea un instrumento de cara al sostenimiento de la inversión pública y sí, ya se ha comprometido en el pasado y así será. Prefiero no adelantar ninguna fecha, pero va a ser una palanca muy importante.

Los inversores ponen en duda el atractivo de la colaboración público-privada en España con la ley de desindexación que limita la rentabilidad de los proyectos. ¿El Gobierno se plantea cambiarla?

El Gobierno no está planteando cambiar ese precepto legal. Pensamos que con el diseño de una nueva colaboración público-privada puede ser atractiva para el sector privado y no implica un riesgo para los contribuyentes.

"El objetivo del Gobierno es poder rehabilitar para reducir los gases de efecto invernadero 300.000 viviendas en 2030"

Con rentabilidades de poco más del 3%, ¿qué fondos van a invertir?

Los tipos de interés de la deuda pública española son desconocidos por bajos. Hay que buscar ese equilibrio y creo que el PIC lo va a encontrar y, si no, al tiempo. Entiendo que el sector privado reclame rentabilidades mayores. Es legítimo que lo hagan. Pero para no equivocarnos, para ser sostenible en el tiempo, tiene que ser equilibrado para las dos partes, para los contribuyentes y para el sector privado.

Además de carreteras, ¿en qué ámbitos van a recurrir a la colaboración público-privada?

La rehabilitación de vivienda. En España de media se rehabilitan en torno a 30.000 viviendas desde el año 2000. El objetivo del Gobierno es poder rehabilitar para reducir los gases de efecto invernadero 300.000 viviendas en 2030 (1,2 millones en total). Para eso inevitablemente necesitamos la colaboración público-privada, al igual que para la construcción de vivienda asequible. Entre el 70 y el 80% del empleo que crea el sector de la construcción lo crea la construcción residencial.

Va a haber por tanto planes específicos para cada tipología de infraestructura

El 80% de la inversión pública que realiza el Gobierno lo hace a través del Ministerio de Transportes. Estamos teniendo reuniones con el sector privado de vivienda y también con el de la obra pública para implementar esos planes. Entendemos que la inversión pública no puede ser la variable de ajuste y hay que hacer un esfuerzo en esa colaboración porque el déficit público en el mundo desarrollado es el que es, producto del sistema de los estabilizadores automáticos. Este sector tiene que ser efecto tractor para el crecimiento económico y en eso estamos.

¿Con qué volumen de inversiones?

Tiene que llevarnos a un peso de la vivienda en el PIB mayor. Estoy hablando de una inversión pública y de una política de vivienda distinta a la del pasado. Debemos creer en un sector de la construcción nuevo, distinto, con más tecnología, con más pacto verde y con más política social. No podemos caer en los errores del pasado. El plan implica multiplicar por cuatro veces la inversión que se viene haciendo en la política de rehabilitación.

Y con esta crisis y los Presupuestos prorrogados, ¿qué nivel de inversiones prevén para este año en infraestructuras?

Es muy pronto. No conocemos la magnitud de la pandemia ni de la crisis económica. El Gobierno ha hecho una primera estimación de caída de la actividad económica y de incremento del déficit. No se lo puede decir porque estamos en una situación muy preliminar, pero estamos trabajando para que esa caída de la inversión pública sea lo menor posible por los efectos tan positivos que tiene.

¿Cuál va a ser la prioridad dentro de esa inversión?

Antes de esta situación, el Gobierno estaba centrado en la estrategia de movilidad. En febrero hubo una reunión interministerial y vamos a continuar con ella. Pero, si cabe, esta crisis sanitaria refuerza las bases sobre las que estábamos trabajando en la estrategia de movilidad. Pensamos que la inversión en el transporte metropolitano, el urbano y el interurbano, es un vector importante por razones medioambientales y también sanitarias. Es importante gestionar la oferta de todos los transportes públicos con la demanda, con la digitalización y la tecnología.

"La afección de la pandemia al ritmo de las obras en el caso de las infraestructuras terrestres no ha sido muy elevada"

Profundizamos en los ejes básicos de esa estrategia de movilidad. Si pensamos en unas infraestructuras resilientes, dado que España tiene un alto 'stock de' capital público en infraestructuras, si pensamos que lo importante es invertir en conservación y mantenimiento tanto en las líneas ferroviarias deterioradas con la falta de inversión en el pasado como en las carreteras, esa es una línea, es una prioridad; si pensamos que las cadenas de valor se han hecho en el contexto mundial más regionales, se han acortado para dar seguridad económica a los productores, creemos que avanzar en corredores ferroviarios españoles es importante.

Hay que pedirle a la Comisión Europea que definitivamente demande a Francia que termine sus corredores ferroviarios porque la inversión española tiene menos retorno si por ejemplo el Corredor Mediterráneo en la parte francesa no se concluye. Por lo tanto, la logística, los corredores ferroviarios de mercancía son también un eje importante en esta nueva era post-Covid.

Con el estado de alarma se han paralizado proyectos tanto por parte de Adif, sobre todo, como de carreteras. ¿Cuándo se reanudarán todos esos trabajos?

La afección de la pandemia al ritmo de las obras en el caso de las infraestructuras terrestres no ha sido muy elevada. En el ámbito de la Dirección General de Carreteras (DGC), de un total de 97 obras en marcha, que suponen una inversión de 1.800 millones de euros pendiente de ejecutar, solo se ha solicitado la suspensión de siete, de las cuales dos solo se ha pedido una parcial de algunos trabajos. Y, por tanto, todas han remontado ya su actividad. En el caso de Adif y Adif Alta Velocidad, con 268 obras en marcha por un importe por ejecutar de 4.500 millones, solo se suspendieron siete.

"No habrá retrasos en el AVE a Galicia y Extremadura"

¿Prevén retrasos en la ejecución de proyectos prioritarios como el AVE a Galicia y Extremadura?

Lo que ha dicho el ministro de Transportes públicamente es que las obras que están en marcha, que están lanzadas, que están a punto de acabar, no van a sufrir ningún tipo de retraso. Evidentemente estamos evaluando cuál es la magnitud de la situación económica de las empresas públicas. Y lo que queremos es que tenga el menor efecto posible y, para eso, estamos pensando en ese plan europeo de inversión. Es verdad también que la prioridad del país en este momento es la inversión sanitaria y el mantenimiento de rentas y de modelos de estabilizadores automáticos. Queremos que tenga la menor repercusión posible sobre la inversión pública.

Entonces, ¿el AVE a Galicia y Extremadura no se va a ver afectado?

No, son obras lanzadas y muy maduras.

¿Contemplan reprogramar anualidades de obras en curso?

Lo estamos analizando y cuando tengamos una posición definitiva la expondremos públicamente. Queremos que sea lo menor posible, pero las prioridades de la sociedad española han cambiado de dos meses a esta parte.

¿Cómo compensarán los sobrecostes de las obras?

Se tiene que evaluar por los servicios técnicos y evidentemente tiene una repercusión económica en el presupuesto del Ministerio. Hay que ajustar esas cantidades con las empresas adjudicatarias de las distintas obras.

Las concesiones de infraestructuras (autopistas, aparcamientos, equipamiento público, etc.) han hundido sus ingresos por el confinamiento. El Real Decreto-ley 8/2020 contempla un reequilibrio económico de hasta el 15% del contrato, pero el ministro José Luis Ábalos ya ha dicho que, en el caso de las autopistas, no se van a reequilibrar.

Para el sector privado el Gobierno ha planteado un paquete de medidas que buscan precisamente que tengan la liquidez necesaria para abordar la situación en que nos encontramos, desde prestaciones extraordinarias a autónomos, ERTES, moratorias y exenciones fiscales, reducción de cotizaciones a la Seguridad Social, una línea ICO de 100.000 millones? Lo que se pide también es que aquellos que más músculo financiero tienen son los que más tienen que aportar porque, claro, la situación ha cambiado como consecuencia de una pandemia no vista en mucho tiempo. Ponemos medidas paliativas, pero también los que tienen más músculo financiero tienen que poner más en una situación de crisis.

Pero, ¿va a haber reequilibrio económico para las concesiones?

Tienen que demostrar que efectivamente se produce ese desequilibrio económico y la Administración reconocérselo.

"El Gobierno no está pensando en un peaje 'blando' para las carreteras de alta capacidad"

Las empresas aseguran que esa caída de los ingresos viene dada por causas de fuerza mayor y, en el caso de que no se las compense, amenazan con demandas judiciales millonarias.

Permítanme que no todos pensamos lo mismo al respecto. Nosotros entendemos el interés general y el interés de los contribuyentes. Tienen que demostrarlo y los servicios jurídicos del Ministerio tienen que aprobarlo. Nosotros tenemos que cumplir la legalidad y lo que dicen los Reales Decretos y los Reales Decretos-ley del Gobierno. Haremos lo que nos digan los técnicos y los Abogados del Estado.

El sector privado insiste en la introducción de peajes 'blandos' en las carreteras de alta capacidad o algún impuesto finalista para su mantenimiento. ¿Está en los planes del Gobierno?

Es un debate abierto, pero el Gobierno no está pensando en ese tipo de peaje ahora precisamente. No creo que sea en este momento el camino y, por consiguiente, no está encima de la mesa.

Sin peajes, con la reversión de las autopistas que vencen y con un Presupuesto insuficiente para la conservación de las carreteras, ¿cómo se resuelve la ecuación?

Por una doble vía. Tenemos que reasignar recursos hacia la conservación y el mantenimiento en un país que tiene un nivel de 'stock' de infraestructuras en general y de carreteras en particular que está a la cabeza de los países del mundo desarrollado . Y en segundo lugar es muy importante para España que se incrementen los fondos europeos. Y una tercera que es la colaboración público-privada a la hora de construir nuevas carreteras.

Ya han publicado las primeras resoluciones sobre la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de las autopistas de peaje que quebraron y asumió el Estado. ¿Cuándo emitirán las del resto?

Hemos sometido a dictamen los cálculos de la RPA correspondientes a la M-12 Eje Aeropuerto y de la AP-36 Madrid-Levante y estamos analizando las alegaciones recibidas. Tenemos la RPA de dos autopistas más calculadas, la R2 y R4, aún en fase de revisión. Este es el punto en el que estamos y cuando acabe el estado de alarma vamos a impulsar todos estos cálculos.

¿A qué importe asciende la RPA de la R-2 y la R-4?

Estamos justamente en el proceso de cálculo de los importes.

Con la crisis actual y las mayores restricciones presupuestarias que se avecinan, ¿se plantea sacar al mercado estas autopistas antes de lo que tenía previsto?

El Gobierno tiene que analizar primero cuál es el coste y luego tomar una decisión. No sé si este es el mejor momento, con una reducción de la movilidad que se ha producido en las autopistas de Seitt de entre el 80-90%. Hay que ir por partes.En primer lugar evaluar cuál es el coste para el erario público de esa colaboración público-privada que hablábamos anteriormente y a partir de aquí tomar una decisión y encontrar el mejor momento.

¿Pero está sobre la mesa?

No está sobre la mesa la licitación de estas autopistas.

"La caída de rentas que se está produciendo no va a tensionar el mercado del alquiler ni el mercado de la vivienda en su conjunto"

¿Cuándo se aprobará el plan de limitar el precio de los alquileres de vivienda?

Este proyecto teníamos pensado que entrara a principios de verano en el Congreso. No va a poder entrar porque evidentemente hemos estado centrados en otras prioridades en materia de vivienda. También pensamos que ahora mismo la caída de rentas que se está produciendo no va a tensionar el mercado del alquiler ni el mercado de la vivienda en su conjunto. En este momento, además de que el Ministerio de Transportes ha estado trabajando en otras cuestiones más urgentes, este Proyecto de Ley es menos necesario porque no se prevé una tensión de precios en el corto y en el medio plazo.

¿Qué caída de precios prevé?

No hemos hecho ninguna estimación, pero los primeros datos sí apuntan a esa tensión es menor. Conviene recordar que hemos hecho una moratoria en los préstamos hipotecarios, hemos planteado una prórroga en los contratos de alquiler y un programa de ayuda de alquiler específico para personas en vulnerabilidad por el Covid-19, hemos adelantado a las Comunidades Autónomas el plan de vivienda de este año en 346 millones de euros, hemos incrementado el presupuesto del plan estatal que hemos adelantado también a las Comunidades Autónomas por valor de 100 millones y hemos planteado una línea de liquidez para los inquilinos que tienen problemas para pagar sus alquileres con unos avales por valor de 1.200 millones.

Los propietarios denuncian problemas para cobrar alquileres porque los inquilinos no están accediendo fácilmente a los préstamos del ICO. ¿Cómo está funcionando? ¿Prevén tener que ampliarla?

Es una línea nueva que beneficia tanto a los inquilinos como a los propietarios. El sábado (2 de mayo) se publicó en el BOE el convenio entre el ICO y el Ministerio de Transportes. Es una línea importante, muy ambiciosa, que hay que contar con todo el sistema financiero, pero los derechos de los inquilinos lo son a partir de su publicación en el BOE de la norma.