El Ministerio de Fomento ha solicitado a la Comisión Europea (CE) su autorización para poder lanzar al fin su Plan Especial de Carreteras (PEC). Según fuentes gubernamentales, recientemente, las autoridades comunitarias se reunieron en Madrid con responsables del departamento que dirige en funciones José Luis Ábalos para analizar los pormenores de este programa de colaboración público-privada, heredero del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) que anunció en el verano de 2017 el Ejecutivo de Mariano Rajoy sin que nunca llegara a ver la luz.
Tras muchos meses retenido, Fomento ya ha obtenido el visto bueno de la Intervención General de la Administración Pública (Igae), dependiente del Ministerio de Hacienda, y de la Abogacía del Estado. Ambos estamentos han aceptado el diseño final del plan para que éste no compute como déficit público. Esta condición es precisamente sobre la que el Gobierno requiere ahora la aprobación de Bruselas. "Estamos pendientes del informe de la Comisión Europea para que nos digan si computa o no", explican fuentes al tanto de las negociaciones. "Nuestra idea es que nos digan que no", abundan, si bien admiten que "podrían pedirnos algún retoque".
España está bajo el procedimiento de déficit excesivo de Bruselas desde 2009 y en junio pasado la CE abrió la puerta a cerrarlo después de que en 2018 situara el déficit público en el 2,5%, por debajo del 3% exigido.
La previsión de Fomento es que las autoridades europeas emitan su informe a lo largo de este mes de enero. A partir de ese momento, y con la previsión de que ya se haya constituido el Gobierno, el Consejo de Ministros tendrá que aprobar las primeras actuaciones incluidas en el plan. Se trata del tramo A del Arco Norte de Murcia, por 215,13 millones de euros, y la A-7 Crevillente-Murcia, por 199,79 millones.
El plan de colaboración público-privada de carreteras diseñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez contempla una concesión para la explotación y conservación por un periodo de 10 años –en el que se incluyen las obras de construcción–, bajo la modalidad de pago por disponibilidad, de manera que el Estado paga a las concesionarias por mantener y operar la vía en óptimas condiciones, y una rentabilidad ligada al bono del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos. Este punto, obligado por la Ley de Desindexación de la Economía, ha sido objeto de críticas por parte del sector privado, que planteó, sin éxito, una extensión del plazo para aumentar la rentabilidad y atraer así a los financiadores. En el PIC original la vida de los contratos se extendía hasta el entorno de los 25 años. Para mejorar el apetito del sector el Estado asumirá todos los riesgos por las expropiaciones.
De acuerdo con fuentes conocedoras, el modelo planteado ahora, con la transferencia del riesgo de demanda al sector privado, permitirá que la inversión inicial de los proyectos no computarán como déficit público. Sí lo hará, por el contrario, el gasto anualizado (canon) para el mantenimiento y conservación de las carreteras. La idea del Ministerio, en todo caso, es poder sacar con este programa proyectos por un valor cercano a los 2.000 millones en dos años.
El Gobierno de Mariano Rajoy anunció a bombo y platillo el PIC en julio de 2017. La inversión prevista, que contaría con el Plan Juncker para su financiación, ascendía a 5.000 millones. Sin embargo, nunca pudo llevarlo adelante.
Con la moción de censura y el cambio en La Moncloa casi un año después, el nuevo Ejecutivo se comprometió a seguir adelante con el programa, pero los obstáculos con que se encontró en Hacienda y en la Abogacía del Estado le obligó a modificarlo. La inestabilidad política ha dificultado que el plan haya visto antes la luz antes, como pretendía el Gobierno.
El escollo de la ONE
Tras más de un año de negociaciones, tanto el Ministerio que dirige, en funciones, María Jesús Montero, como los abogados del Estado ya han dado su consentimiento al diseño implementado por el equipo de Ábalos, por lo que ahora, con permiso de Bruselas, tiene el camino despejado para ser una realidad en los primeros meses de 2020. Para ello, ha recibido también la autorización para sortear el trámite de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), al menos para los dos primeros proyectos de Murcia.
