Madrid
El Gobierno ha paralizado el desarrollo de infraestructuras bajo régimen de concesión por la falta de recursos de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda cuya responsabilidad es analizar la sostenibilidad financiera de las concesiones de obras y servicios del Estado, corporaciones locales y comunidades autónomas. De este modo, desde hace cuatro años se mantienen retenidos por la falta del informe preceptivo de este órgano numerosos proyectos cuyo importe se aproxima a los 1.000 millones de euros.
La ONE se creó en octubre de 2015 con el fin de mejorar la calidad de las inversiones que realizan las Administraciones Públicas, de manera que se garantice la viabilidad de los proyectos en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Desde aquel año se han licitado proyectos concesionales por un importe de 1.490 millones de euros.
El conjunto de las Administraciones Públicas ha licitado, hasta el 31 de octubre pasado, nueve proyectos bajo régimen de concesión cuyo presupuesto base asciende a 238 millones
En el presente ejercicio, entre todas las Administraciones Públicas se han licitado únicamente nueve proyectos en concesión que suman un importe de 238 millones de euros, según los datos recabados por el sector empresarial.Esta cifra suponer duplicar la registrada en 2018, cuando se situó en 116 millones. Se suceden así dos años consecutivos de crecimiento, desde el mínimo de 95 millones de 2017. Ahora bien, se trata de volúmenes irrisorios si se compara con los que se alcanzaban años atrás. En 2010 fueron licitados contratos por 10.495 millones, récord de siempre.
Entre los contratos paralizados por la inactividad de la ONE figuran varias áreas de servicio en la AP-1 Burgos-Armiñón y la A-67, en Cantabria, por un importe conjunto de licitación de casi 207 millones. Asimismo, en el listado aparece una residencia universitaria en Cartagena (Murcia), la lonja de Hellín (Albacete) o una instalación náutica-deportiva en el Puerto de Alicante. En la nevera, aunque también afectado por otros obstáculos, se halla el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), con dos actuaciones en Murcia por un importe superior a los 600 millones o el plan de depuradoras de Castilla-La Mancha, valorado en alrededor de 600 millones. En estos últimos casos también se han visto impactados por la Ley de Desindexación de la Economía, que limita la rentabilidad de los proyectos al bono del Tesoro español a 10 años más 200 puntos básicos, un nivel insuficiente a ojos de los potenciales financiadores.
Para poder adjudicar los contratos es necesario que la ONE emita un informe. Éste tiene carácter preceptivo y obligatorio, aunque no es vinculante. Sin embargo, un informe de la Abogacía del Estado de fecha 6 de junio de 2019 señala que hasta que no se apruebe la Orden del Ministerio de Hacienda donde se determine la organización y funcionamiento de la ONE no es posible emitir informes.
Desde la creación de la ONE en 2015 se han licitado proyectos por cerca de 1.000 millones
Aunque no tiene carácter vinculante, el asunto no es baladí, toda vez que en el caso de que un órgano de contratación decidiese continuar adelante con la licitación de un contrato de concesión de obras o servicios sin contar con el informes preceptivo de la ONE, cabría riesgo de impugnación.
El debate de la financiación
La ONE cuelga de la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la Contratación (en adelante OIReScon) y comparten presidenta (María José Santiago). El órgano de evaluación se ha enfrentado en los últimos meses a la falta de límites, de manera que recibe todo tipo de información (estudios de viabilidad, pliegos...) por parte de los órganos de contratación y en muchos casos la documentación es insuficiente. Una situación que se ve agudizada por la falta de medios personales cualificados en la oficina.
La financiación de las infraestructuras es uno de los puntos calientes que tiene el Ministerio de Fomento sobre la mesa. El sector privado ha planteado diversas fórmulas de colaboración, toda vez que desde hace años la vía presupuestaria está muy acotada por las exigencias de Bruselas sobre el déficit público. A la carestía de nuevas concesiones se suma el agujero que la conservación de las infraestructuras ya construidas genera para las cuentas públicas, lo que ha llevado al ministro en funciones José Luis Ábalos ha deslizar en diversas ocasiones la posibilidad de introducir un peaje blando en las carreteras de alta capacidad para paliarlo. La Asociación Española de la Carretera (AEC) estima que el déficit de inversión en el mantenimiento de la red viaria española supera los 7.000 millones de euros
Cómo se financian las infraestructuras será, por tanto, uno de los asuntos que presumiblemente abordará el Gobierno de Pedro Sánchez, si finalmente se conforma. Ahora bien, la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo, llegado el caso, enfría la posibilidad de implantar fórmulas que conlleven el pago por parte de los usuarios.