El rechazo del Congreso a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 no afecta a las medidas incluidas en el proyecto que ya habían sido aprobadas por decreto y están en vigor desde el 1 de enero, que son la subida de las pensiones, del salario mínimo y de los sueldos del sector público.
La subida de las pensiones del 1,6% -que llega al 3% en el caso de las mínimas y no contributivas- se aprobó el 28 de diciembre mediante un decreto ley que fue convalidado por el Pleno del Congreso el 22 de enero.
Con este decreto ley el Gobierno de Pedro Sánchez asumió un incremento de las pensiones para 2019 que ya estaba comprometido en los Presupuestos de 2018 como consecuencia del pacto entre el Gobierno del PP y el PNV.
Antes que la subida de las pensiones, el 21 de diciembre ya se había aprobado el aumento del 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta 900 euros mensuales (30 euros diarios y 12.600 euros anuales), un incremento pactado por el Gobierno con Podemos en el marco de su acuerdo presupuestario para 2019. El SMI se aprueba a final de cada año mediante real decreto, entra en vigor el 1 de enero siguiente y no necesita ser convalidado por el Congreso.
En el Consejo de Ministros del 21 de diciembre se aprobó también el decreto ley que elevó el salario de los empleados públicos un 2,25% para 2019, más un 0,25% adicional a partir del 1 de julio.
En este caso, se cumplió con el pacto alcanzado en marzo por el Gobierno de Mariano Rajoy con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que recogía las mejoras salariales para el sector público para 2018, 2019 y 2020.
La subida de sueldos a los empleados públicos, que fue convalidada por el Congreso el 22 de enero, está en vigor desde que comenzó el año.
El subsidio para mayores de 52 años, en el aire
No obstante, con el rechazo en la Cámara Baja de las cuentas públicas para este año, deja en el aire la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años.
En el marco del proyecto de Presupuestos, el Ejecutivo había diseñado cambios en la regulación actual del subsidio para ampliar el número de beneficiarios y mejorar su cuantía, con lo que ahora deberá tomar algún otro tipo de iniciativa legal si quiere que su reforma salga adelante.
El subsidio para mayores de 55 años es una ayuda mensual de 430 euros que el trabajador en paro cobra hasta que alcanza la edad de jubilación que le permite acceder a una pensión contributiva, con independencia de su modalidad, lo que en la práctica se traduce en jubilaciones anticipadas forzosas y, por tanto, en pensiones de menor cuantía.
Tampoco prospera la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas
También queda en el aire la ampliación del permiso de paternidad de las cinco semanas actuales a las ocho previstas para 2019.
El Gobierno contemplaba en el proyecto de ley gastar 302 millones más para poder financiar la ampliación del permiso de paternidad. El Ejecutivo no incluyó esta medida en el Real Decreto Ley de subida de pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, con lo cual, decae al haberse tumbado los presupuestos.
Al rechazarse el proyecto de presupuestos en el Congreso, también decaen las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales --que el Gobierno del PP eliminó--, una medida que estaba dotada con una partida de 315 millones de euros y que pretendía beneficiar a 180.000 personas.
En cualquier caso, el rechazo del Congreso al proyecto de ley no implica que tanto la extensión del permiso de paternidad como las cotizaciones de los cuidadores no profesionales no puedan llevarse a cabo a través de otras vías.
En el proyecto de ley de presupuestos que ha sido rechazado por el Congreso este miércoles, se destinaban 220 millones de euros para la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género rubricado por el Parlamento en 2017 y que contemplaban incorporar la perspectiva de género a toda la acción de la Administración de Justicia con la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, las nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral y plazas en Nuevas plazas para la Administración de Justicia, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y la puesta en marcha de las nuevas oficinas judicial y fiscal.
El texto también establecía el aumento de la prestación por hijo a cargo para las familias en pobreza severa hasta los 588 euros, para sacar de dicha situación a cerca de 82.000 menores. En concreto, el Gobierno quería incrementar la prestación por hijo a cargo sin discapacidad desde los 291 euros hasta los 341 euros en el caso de familias en situación de pobreza --aquellas cuya renta es inferior al 50% de la renta considerada como umbral de la pobreza--; y hasta los 588 euros para las familias en situación de pobreza severa --cuando la renta anual es inferior al 25% del umbral de la pobreza--.
Por otro lado, en el proyecto de ley el Gobierno introdujo una nueva deducción en el Impuesto sobre Sociedades vinculada a la incorporación de mujeres en los consejos de administración de las empresas, aunque no ofrecía más detalles acerca de cómo se desarrollará esta nueva deducción.
Por otra parte, el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 incorporaba una dotación de 412 millones de euros para acciones en favor de los inmigrantes, lo que suponía un incremento de 94 millones respecto a 2018. El aumento presupuestario buscaba potenciar el sistema de Protección Internacional y la atención de los migrantes que lleguen a las costas españolas, entre otros.
Además, recogía por primera vez una consignación específica para la atención de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que ascendía a 30 millones de euros.
