El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este viernes un real decreto-ley con medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo que incluirá el aumento del 1,6% de las pensiones públicas en 2019, el aumento del 7% de la cotización máxima y el acuerdo de autónomos por el que la base mínima de cotización del colectivo subirá un 1,25% en 2019, al tiempo que endurece la cotización para los contratos de corta duración.
1. Aumento del 1,6% de las pensiones públicas en 2019
El 'macrodecreto' recoge el nuevo índice de revalorización de las pensiones, por el que esta prestación pasa a revisarse cada año con un indicador ligado a una media del IPC interanual de los últimos doce meses.
El borrador inicial de la norma estipulaba que este nuevo índice, en función del IPC internacional, se establecería de forma indefinida. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado en rueda de prensa este viernes que el Ejecutivo se compromete a establecer un nuevo mecanismo en el futuro, fruto del "diálogo".
En concreto, el decreto legal aprobado hoy indica que el Ejecutivo se d un plazo de seis meses para ello. Es decir, a lo largo del primer semestre de 2019, el Gobierno creará "un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social", tal y como recoge el texto final.
Hasta entonces, el mecanismo aprobado hoy, y que sustituye oficialmente a partir de 2020 al índice de revalorización de las pensiones actual por el cual estas suben un 0,25% mientras la Seguridad Social tenga déficit, hará que las pensiones suban conforme el IPC, pero no el dato de un mes concreto (antes del 0,25% se tomaba el IPC interanual de noviembre), sino que se tendrá en cuenta la media de los últimos 12 meses (de noviembre del año corriente sobre diciembre del año anterior).
Esta medida de actualización se aplicará a partir del año que viene y tendrá que convalidarse en las Cortes. No obstante, este año ya se utilizará este promedio (noviembre 2018 sobre diciembre de 2017) para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y compensar la diferencia de la subida de las pensiones con la subida del IPC. Según acordó el Gobierno, las pensiones este año subieron un 1,6% y las mínimas un 3%.
Sin embargo, con la nueva metodología de revalorización, la media de noviembre de este año sobre diciembre del año pasado es del 1,7%, por lo que a los pensionistas se le compensará con un aumento de la pensión del 0,1% adicional, lo que tendrá un coste de unos 256 millones de euros para las arcas públicas.
Para 2019, el decreto incluye un aumento de las pensiones del 1,6% y del 3% en el caso de las mínimas.
Así, subir las mínimas y no contributivas tendrá un coste de 384 millones de euros, mientras que a la subida del resto de las pensiones conforme el IPC previsto para el año se destinarán 704 millones de euros.
2. Subida de las bases máximas de cotización.
La norma que ha aprobado el Gobierno en su último Consejo de Ministros del año también establecerá un aumento de las bases máximas de cotización del 7% para el próximo año.
Esta decisión conlleva un aumento de la recaudación de 700 millones de euros, según cálculos de CCOO, mientras que CEOE ya ha alertado de que supondrá un gasto adicional en las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social de 1.500 millones de euros.
3. 'Coto' a los contratos de corta duración
Asimismo, el 'megadecreto' incluye el aumento de la cotización para los contratos de corta duración, aquellos inferiores a cinco días. Según el borrador inicial del Real Decreto, la necesidad de luchar contra el abuso en la celebración de contratos temporales de corta duración requiere la adopción de medidas "urgentes".
Así, el Ejecutivo pretende equiparar la protección social de los trabajadores que suscriben este tipo de contratos con quienes han podido suscribir un contrato de trabajo de corta duración más amplia y, por otro lado, incrementar las cotizaciones en estos contratos como medida disuasoria para el empresario.
Por ello, se va a modificar el artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social con el objetivo de elevar el incremento en la cotización por la celebración de este tipo de contratos del 36% actual al 40%.
"El importante déficit que mantiene el sistema de la Seguridad Social requiere la aprobación de medias urgentes que incrementen la recaudación"
Según el borrador, "esta medida va a tener una incidencia positiva en los ingresos del sistema de la Seguridad Social", ya que implica una mayor recaudación, a la vez que puede ser desincentivadora para que el empresario recurra a este tipo de contratos. "Este incremento de ingresos justifica también la adopción de esta medida mediante un Real Decreto Ley, ya que el importante déficit que mantiene el sistema de la Seguridad Social requiere la aprobación de medias urgentes que incrementen la recaudación", apunta el texto.
Asimismo, este incremento de la cotización va ligado a una mejora de la protección social de estos trabajadores para aplicar a los días trabajados y cotizados un "coeficiente de temporalidad".
A efectos de acreditar los periodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, de los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, cada día de trabajo se considerará como 1,4 días de cotización.
Asimismo, el texto apunta que esta previsión no será de aplicación en los supuestos de contratos a tiempo parcial, de relevo a tiempo parcial y contrato fijo-discontinuo".
También se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.
Por otro lado, el borrador recoge que la cobertura de la contingencia de desempleo en los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con alumnos trabajadores en los programas públicos de empleo y formación, incluyendo los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, será de aplicación a los contratos que se suscriban a partir de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.
4. Aumento de la base mínima de cotización de autónomos
En este real decreto también se incluye la medida anunciada el miércoles por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en la que se recoge que se sancionará a las empresas con un mínimo de 3.126 euros y un máximo de 10.000 euros de multa por cada trabajador que esté mal encuadrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) debiendo estar en el Régimen General o por el trasvase de trabajadores del Régimen General al RETA.
Asimismo, se incluye el acuerdo suscrito con las organizaciones de autónomos que contempla el incremento de un 1,25% de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos a partir del 1 de enero de 2019, hasta los 944,35 euros al mes, y el tipo de cotización será del 30%, con lo que los autónomos personas físicas tendrán que pagar 5,36 euros más al mes (64 euros más al año) de lo que pagan actualmente, aunque a cambio recibirán una mayor protección.
"El Gobierno cumple con un sector fundamental y hemos dado un paso crucial para que los autónomos tengan la protección social que merecen", ha apuntado el presidente, tras afirmar que con este acuerdo, "España se sitúa a la cabeza en cuanto a la protección de este colectivo".
Se prorroga el acceso al subsidio extraordinario por desempleo
El Consejo de Ministros ha aprobado también prorrogar de manera indefinida el subsidio extraordinario por desempleo (SED), mientras se trabaja en un nuevo modelo de protección asistencial que sustituirá a esta ayuda cuando esté listo.
Este subsidio destinado a personas que hayan agotado los subsidios o ayudas económicos de acompañamiento en los programas de protección se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, tras encontrarse sin efecto desde el 30 de abril y 1 de mayo las ayudas recogidas en Programa de Activación para el Empleo (PAE) y el Programa de Recualificación Profesional (Prepara).
En concreto, esta ayuda tiene una duración máxima de 180 días y no podrá percibirse en más de una ocasión. La cuantía del subsidio será igual al 80% Iprem mensual vigente en cada momento. Según el Iprem mensual de 2018 (537,44 euros), la cuantía asciende a 430,27 euros mensuales.
Los requisitos generales para acceder a esta ayuda son carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo o asistencial, no tener cumplida la edad que le permita acceder a la pensión de jubilación, en sus modalidades contributiva o no contributiva, carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75% Salario Mínimo Interprofesional (SMI)y acreditar responsabilidades familiares.
