La comisión asesora a la que el Ministerio de Trabajo encargó en septiembre actualizar la hoja de ruta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) apuesta por elevarlo hasta un máximo de 1.082 euros el próximo año. La propuesta cumple con el objetivo de alcanzar al menos el 60% del salario medio antes de que acabe la legislatura pero se queda por debajo de la subida que experimentarán las pensiones, ligadas a la inflación.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la coordinadora de la comisión, Inmaculada Cebrián, han presentado este lunes el segundo informe de la comisión, que marca el salario medio neto a tiempo completo en 1.856 euros para 2020, según la última Encuesta de Estructura Salarial disponible.
Los expertos señalan que en 2020 el SMI tendría que haber sido de 1.035 euros. Con esta base, la comisión ha actualizado la cifra a las circunstancias actuales y propone una horquilla de revalorización de entre el 4,6% y el 8,2%. En total, el informe marca cuatro escenarios: 1.046, 1.054, 1.066 y 1.082 euros mensuales, respectivamente, en catorce pagas. De cumplirse el guion de la comisión, el salario mínimo se situaría entre 1.046 y 1.082 euros brutos repartidos en 14 pagas el próximo año.
La comisión pide tener en cuenta dos elementos a la hora de decidir: que el cálculo de SMI para 2023 se ha realizado tomando como referencia la estimación del salario medio de 2022 y no el de 2023, "que, razonablemente, cabe esperar que será superior", y el significativo incremento de precios experimentado a lo largo de 2022 y su mayor impacto sobre los colectivos de ingresos más bajos.
Además de deducir el SMI derivado de aplicar el 60% sobre las cuatro estimaciones de salario medio para 2022, el cuadro recoge el SMI bruto resultante de añadir las cotizaciones sociales por parte del trabajador (6,45% del salario bruto en 2023) y la retención a cuenta del IRPF en función del tipo correspondiente a los distintos SMI estimados (con un mínimo exento de 15.000 euros anuales para 2023).
El último encargo de Trabajo al comité marcaba otro requisito a tener en cuenta en el cálculo. A las tres claves previas -cumplir con la recomendación de la Carta Social Europea para que llegue al menos al 60% del salario medio, calcular el salario medio neto de 2022 y valorar el impacto de la subida- se añadió una más: tener en cuenta el nivel de la inflación.
Sin el factor IPC, el primer informe de la comisión de expertos para las subidas progresivas del SMI recomendó elevarlo hasta los 1.049 euros para el último año de legislatura. Era junio de 2021 cuando se publicó la primera hoja de ruta de subidas del salario mínimo. Entonces los precios aumentaban un un ritmo del 2,7% interanual y aunque se anotaban su mayor nivel en cuatro años se quedaría muy por debajo de las cotas a doble dígito que se acumularían un año después y del 6,8% que marcó este noviembre.
Pequeña reducción en el crecimiento del empleo
El análisis de la comisión indica que la subida del SMI ha sido "útil" para reducir la desigualdad en España y ha disminuido hasta un 2,8% el riesgo de pobreza, beneficiando a 250.000 personas en esta situación de las que 121.000 tenían menos de 30 años. En este sentido, el aumento del SMI habría tenido, señala, un efecto significativo en términos de reducción de la desigualdad salarial y de la renta al aumentar los ingresos de los trabajadores de bajos salarios que, de forma mayoritaria, se ubican en los deciles inferiores de renta".
Según el informe elaborado por la comisión, la subida experimentada por el SMI "no parece que haya producido un efecto importante sobre el empleo, habiéndose producido, a lo más, una pequeña reducción de su crecimiento". Así, la comisión asume una ligera parte de las críticas a las subidas del SMI por el deterioro del mercado laboral mientras Díaz insiste en que es la mejor herramienta "contra la pobreza laboral y la brecha de género".
El estudio recuerda que el Banco de España estimó una elasticidad (entendida como sensibilidad) del crecimiento del empleo por cada punto de aumento del SMI relativamente baja, entre -0,03% y -0,05% sobre el empleo total, lo que le sitúa apreciablemente por encima de la estimada por la AIReF entre -0,006 y -0,01%. "Esto significaría una minoración del crecimiento del empleo entre 94.000 y 173.000 en el primer caso, y entre 19.000 y 33.000 puestos de trabajo en el segundo", apunta el informe, que incide en los numerosos acontecimientos que simultáneamente afectan a la creación de empleo y que refuerza el planteamiento de que son muchas más las personas beneficiadas que las afectadas de forma negativa por las alzas del SMI.
La incertidumbre actual insta a la comisión a proponer una revisión de la subida a los seis meses para valorar si el alza 'aguanta' el nivel de inflación o es insuficiente. La ministra ha reconocido que contempla ejecutar una revisión si la propuesta varía.
¿Más, menos o igual que las pensiones? El miércoles, la próxima reunión
Los nuevos cálculos cumplen con la promesa de la anterior legislatura de llevar la cuantía del SMI al 60% del salario medio neto. Sin embargo, la subida máxima propuesta, de la que se beneficiarían en torno a dos millones de ciudadanos según las primeras estimaciones del Gobierno, se queda por debajo de la subida del 8,5% que registrarán las pensiones contributivas en 2023, ligadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Es Trabajo quien tiene la última palabra; el informe técnico no es vinculante y pasará ahora al diálogo social, al que el Ministerio citará el próximo miércoles para escuchar sus reivindicaciones antes de tomar la decisión definitiva. Según ha respondido la vicepresidenta a preguntas de los periodistas tras la presentación del informe, no puede confirmar que la medida se vaya a aprobar en los dos Consejos de Ministros que tendrán lugar la última semana del año (marte y jueves, este último de carácter extraordinario). En cualquier caso, ha confirmado que de salir adelante ya entrado 2023, tendrá carácter retroactivo con efectos desde enero.
Desde el departamento de Díaz se han mostrado anteriormente a favor de revalorizar el salario mínimo con la inflación para evitar la pérdida de valor adquisitivo a las rentas más bajas. La vicepresidenta ha descartado deslizar la postura de su cartera antes de que tenga lugar la mesa de negociación.
Para los sindicatos esta opción máxima del comité asesor también les resulta insuficiente y apuestan por elevarlo a 1.100 euros el próximo año, un 10% más para compensar el hachazo de la inflación a los bolsillos. La patronal, por su parte, ya se mostró contraria a una nueva subida del salario mínimo y desde la semana pasada rompió el diálogo con Trabajo después de que el Gobierno aceptara una enmienda de EH Bildu que brinda control a la Inspección de Trabajo sobre los Expedientes de Regulación del Empleo (ERE). Sobre esta cuestión, Díaz ha instado a la CEOE a cumplir su mandato, que es proteger los intereses de los empresario: "Que lo hagan como mejor puedan y sepan. Si alguien no va a la mesa del miércoles se lo van a tener que explicar a los españoles, trabajadores y empresas que están sufriendo la inflación".
El SMI se subió por última vez en febrero de este año, tras un acuerdo entre Gobierno y sindicatos por el que se elevó el salario mínimo a 1.000 euros en 14 pagas con el rechazo de la CEOE. El camino hasta los 1.000 euros actuales comenzó en 2019. El Gobierno de coalición incrementó el SMI un 22% hasta los 900 euros aquel año para sumar otro 5,5% en 2020 hasta los 950 euros y un 1,57%, hasta los 965 euros en 2020. La última revalorización, del 3,6%, fue este año cuando alcanzó por primera vez los cuatro dígitos.
